Contraloría detectó irregularidades en viajes y capacitaciones de 4 alcaldes y 57 concejales
El órgano objetó un total de 400 millones de pesos, 102 de ellos en la comuna de Sierra Gorda.
Según Contraloría, las capacitaciones deben priorizar a los funcionarios técnicos, no a los concejales.
Durante el año 2016 la Contraloría General de la República detectó irregularidades en los viajes y capacitaciones de cuatro alcaldes y 57 concejales pertenecientes a un total de 16 comunas del país.
Según publicó este domingo el diario El Mercurio, la suma total de los dineros fiscales malgastados son unos 400 millones de pesos, que, en algunos casos, la institución pidió al municipio justificar, pero en la mayoría exigió reintegrar.
El caso "ejemplar"
El caso más grave es el de la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, donde fueron objetados 102 millones de pesos usados en viajes y cursos; cerca de un cuarto del total de los montos impugnados, de los cuales 72 millones deben ser devueltos al fisco por su alcalde, José Guerrero (independiente), y por seis concejales. El resto, son montos de viáticos, pasajes no justificados y facturas remitidas al Servicio de Impuestos Internos (SII).
La Contraloría cuestionó que las autoridades sierragordinas hayan participado, en 2015, en cursos en Brasil, Argentina, Cuba y Colombia, ya que sus informes finales no reflejaban el cumplimiento de los objetivos.
Por ejemplo, por la ida a Iguazú, gira técnica supuestamente enfocada en energías renovables, se entregó un informe escrito a mano y de forma ilegible donde se destacaron los restaurantes de comida internacional y lo limpio de sus calles, "aspectos que no dicen relación con el objetivo del curso".
Otros casos de desmebolsos "destacados" son los de las comunas de Mariquina y Río Bueno, ambas en la Región de Los Ríos, donde se exige a sus autoridades devolver 42 y 25 millones de pesos, respectivamente.
Según recuerda el matutino, la Contraloría valida que los municipios financien cursos de capacitaciones, aunque éstos deben cumplir cuatro condiciones: que estén contemplados en el presupuesto anual aprobado; que se priorice a los funcionarios públicos técnicos del propio municipio (los concejales no lo son); que todos los ediles tengan las mismas opciones de capacitarse; y, finalmente, que exista un decreto alcaldicio.