Gendarmería: Contraloría detectó más de 400 funcionarios que iban a recibir "jubilazos"

Un informe de la Contraloría General de la República dado a conocer este lunes detectó a más de 400 funcionarios de Gendarmería que iban a recibir "jubilazos", pensiones que superan las 60 Unidades de Fomento mensuales (1.578.175 pesos) fijadas como tope para la institución.

El caso de Myriam Olate, la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, dejó al descubierto las eventuales irregularidades en el otorgamiento de millonarias pensiones en la institución, pues la ex funcionaria de Gendarmería recibe una pensión de más de cinco millones de pesos.

Contraloría ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) invalidar 11 pensiones otorgadas de manera irregular a funcionarios de Gendarmería.

Sin embargo, el informe de Contraloría (ver archivo adjunto) con fecha del 6 de enero de 2017, da cuenta de que "90 personas en calidad de contrata figuran como imponentes en la Dipreca, 63 de los cuales, además, no se desempeñan en unidades penales".

De ellos, de acuerdo al organismo, se constató que "solo 38 conservan cargos en la planta de la entidad", por lo que Gendarmería deberá comunicar a Dipreca acerca de la situación que afecta a los 52 funcionarios restantes que "no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos al referido régimen previsional, esto es, estar en la planta de la institución".

Además, se constató que "372 funcionarios integrantes de las plantas de profesionales, directivos, administrativos, técnicos y auxiliares, adscritos al referido régimen previsional, desempeñan funciones en unidades que no poseen el carácter de Unidad Penal".

Por estas situaciones, Gendarmería deberá entregar un informe a Dipreca sobre todas las personas que incumplan los requisitos para acceder a las pensiones en un plazo de 60 días.

A esto se agrega un sumario administrativo que instruyó Contraloría debido a que al revisarse las remuneraciones de 2014 y 2015 de ocho ex funcionarios de Gendarmería que se acogieron a retiro durante 2015 y que percibieron pensiones que superan el límite de imponibilidad de 60 UF se estableció que "se les concedieron estipendios, en los meses precedentes a su retiro, que incidieron en la base de cálculo de las correspondientes pensiones".

Incluso, se constató que existen dos unidades (Centro de Apoyo para la Integración Social y Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios) que la institución reconoce como unidades penales "sin que se acredite que éstas hayan sido creadas y cumplan con los requisitos".

El presidente de la comisión investigadora de la Cámara Baja, Leonardo Soto (PS), comentó que "esas me parece que son las irregularidades más graves, que ha habido una manipulación, una alteración de las remuneraciones, de las bases de cálculo para producirse artificialmente una pensión que no les correspondería".

"Desde mi punto de vista estamos frente a situaciones que tienen algunos indicios de ser claramente delitos previsionales", agregó.