Conflicto mapuche concentra críticas de Amnistía Internacional al Estado de Chile

El denominado "conflicto mapuche" concentra los reparos y cuestionamientos de la ONG Amnistía Internacional al Estado de Chile.

El organismo dio a conocer este miércoles en París, Francia, su informe anual 2016, mientras que, en paralelo, sus representantes en Chile profundizaron en las deudas de nuestro país con el respeto y la protección de los derechos humanos.

"Algo que siempre nos ha preocupado respecto de las políticas dirigidas La Araucanía es que tienden a tener dos miradas: una de beneficios asistencialistas para solucionar pobreza específica que afecta a comunidades indígenas y, por otro lado, una mirada criminalizadora al hacerse cargo de hechos de violencia como algo que es necesario reprimir con dureza", comentó Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

Según la investigadora, en Chile "muy rara vez se hace una mirada más global (del conflicto mapuche) desde una perspectiva de derechos humanos". Puso como ejemplo de esto a la constitución de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados sobre la violencia en La Araucanía, donde "el mandato se hacía cargo exclusivamente de incendios, de ataques, de quiénes son los perpetradores, pero no se hacía cargo de la violencia policial de la que están siendo víctimas las comunidades mapuche".

A su juicio, ambos fenómenos "son parte del mismo problema, porque la violencia policial muchas veces se justifica como un medio necesario para combatir esa otra violencia", de los atentados, lo que "puede afectar muchas veces a personas que no han cometido actos violentos; personas que están en la lucha territorial y haciendo reivindicaciones, pero utilizando medios pacíficos".

Piquer, además, dio cuenta que "las personas mapuche están cada vez más encasilladas como personas violentas o terroristas. Se establecen comisiones investigadoras, como la que se aprobó en el Congreso en 2016, para visibilizar la llamada 'violencia en La Araucanía', pero esa violencia nunca incluye la violencia policial del que estaban siendo víctimas las comunidadades".

Ley Antiterrorista

Ana Piquer llamó a las autoridades a "hacerse cargo de las graves denuncias de violencia policial en la zona" mapuche, pero también de "los problemas con el debido proceso y el uso de la Ley Antiterrorista".

Dijo que "es importante que se reforme la Ley Antiterrorista", pero también advirtió el "riesgo de que (el cuerpo legal) se transforme en algo más vulneratorio de derechos" por darse esta discusión en medio de un "periodo electoral".

Contra la impunidad

El informe de Amnistía Internacional detalla que en 2016 en Chile se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional cometidos en dictadura, pero "en pocos casos los implicados fueron encarcelados".

Detalla que a finales de 2016 seguía pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para negar la posibilidad de obtener la libertad condicional a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Entre los casos más destacados de 2016 relativos a abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet AI señala la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta Michelle Bachelet.

También hubo numerosas denuncias de "uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas" y "entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores".

Esos casos, explica AI, "siguieron siendo competencia de los tribunales militares", aunque una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.

En enero, el INDH interpuso una querella para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 al ser detenido por la policía. Un tribunal militar también reabrió una investigación, pero su suerte y su paradero siguen sin conocerse.

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, AI destaca que el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias.

Sobre este punto, la directora de la Fundación Miles Chile, Claudia Dides, confía en que el proyecto de aborto en tres causales -inviabilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación- va a estar listo este 2017.

"Lo que ahora ha pasado es que se ha dilatado en el Senado, pero ya fue aprobada la idea de legislar y está como compromiso dentro del Gobierno y el propio Gobierno se puso los plazos de marzo para empezar la Comisión de Salud. Ha sido lento el trámite (...) hay que apoyar el debate, la palabra de la Presidenta está empeñada", aseveró.

Diversidad sexual

En tanto, tras varios años de debate, Chile dio "el primer paso" hacia la aprobación del proyecto de Ley de Identidad de Género cuando, en septiembre, superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aunque al concluir el año aún no había superado la votación en la Sala de la Cámara Alta ni en la Cámara de Diputados.

En junio el Gobierno alcanzó un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia de tres parejas gays a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio.

Ese acuerdo llevó al Gobierno a anunciar un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Críticas de diputado

El diputado Germán Becker (RN), quien lideró la Comisión por La Araucanía, defendió su trabajo, planteando que "fue un informe aprobado de manera unánime por toda la Cámara de Diputados prácticamente, de hecho por todos los parlamentarios de la región, que vivimos acá y conocemos la realidad en la región".

"Lo que nosotros investigamos era la situación de inseguridad que se vive en la Región de La Araucanía, nosotros no estigmatizamos a nadie e incluso nunca dijimos que fuera el pueblo mapuche", dijo.

"Nosotros creemos que Amnistía Internacional a veces va más allá de lo que deberían ir, ellos a veces vienen, hacen un informe de un par de días y creen que es la verdad", añadió.

Por su parte, el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, aseguró que es un diagnóstico ya conocido lo planteado por AI y apuntó a que el Gobierno nunca ha tomado cartas en el asunto.

"Los órganos de protección a los derechos humanos, me refiero al Comité de Derechos Civiles Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le han hecho llegar a Chile casi un centenar de recomendaciones, no solo de constatación de los hechos, y el Estado de Chile no ha tomado ninguna medida", sentenció.