Caso Sename: Ocho personas son formalizadas por la muerte de Lissette Villa
Entre los imputados se encuentran dos cuidadoras acusadas de los apremios que le costaron la vida a la niña de 11 años.
Antecedentes de la investigación revelan episodios anteriores de maltrato.
El Juzgado de Garantía excluyó al Servicio como parte querellante.
Según la Fiscalía, Lissette murió asfixiada por sus cuidadoras en un intento de contenerla en medio de un ataque de ira.
En dependencias del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el Edificio C del Centro de Justicia, se realiza este miércoles la formalización de ocho personas acusadas por la muerte de Lissette Villa, la niña de 11 años cuyo deceso en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino de Estación Central dio origen al denominado "caso Sename".
La audiencia se efectúa con un alto grado de reserva: debido al tenor de lo sucedido los medios de comunicación no pueden hacer registro de audio o video ni difundir los nombres de los imputados.
Entre éstos figuran, en calidad de autoras, dos educadoras de trato directo a quienes la Fiscalía acusa de haber asfixiado a Lissette hasta la muerte en un intento de contenerla en medio de un ataque de ira.
Los otros imputados son la entonces directora del Cread Galvarino y una auxiliar de párvulos en calidad de encubridoras; el coordinador de turnos del recinto, quien habría realizado apremios a Lissette con anterioridad a su muerte, y otros tres educadores de trato directo.
Querellante busca perseguir a ex directora nacional
Sebastián Lafaurie, abogado querellante en la causa, que representa a la mamá de Lissette, señaló a Cooperativa que buscará "derechamente imputar también a la ex directora nacional del Sename" Marcela Labraña.
La militante DC "no está en calidad de imputada en la formalización, pero nosotros queremos llevar el debate en la audiencia. A nuestro juicio es responsable, en calidad de encubridora, de este delito", dijo Lafaurie.
"Buscamos es que se haga justicia con la muerte de Lissette Villa y que nunca más se diga que los niños mueren de pena para esconder crímenes atroces y amparar violaciones a los derechos humanos", agregó el jurista.
Antecedentes
El equipo investigador del Ministerio Público es liderado por el fiscal Marcos Emilfork, quien maneja información de que Lissette recibió más de 100 "contenciones" por parte de los funcionarios del Sename.
"La Lissette en un momento no se quería levantar, porque extrañaba a su mamá, tenía pena, y las tías vienen y le dicen que se levante, levantándole la voz. Ahí empezaron todas las pataletas... La retaban, le hacían 'contenciones', que son cuando se suben arriba de uno, otra señora te agarra de los pies o te tapan con frazadas y la otra se sube arriba tuyo, como a la altura de los pulmones", relató a Canal 13 una niña que fue testigo del deceso de Lissette.
El diario La Tercera informó esta mañana que la menor había denunciado otra supuesta agresión ocurrida el 12 de diciembre de 2015, cuatro meses antes de morir, el que "nunca fue investigado por el Servicio, razón por la cual el 16 de enero pasado se abrió un proceso disciplinario" por "omisión de la denuncia por parte del centro a la Dirección Regional Metropolitana".
El matutino reproduce otros antecedentes sobre menores residentes en el Cread Galvarino que acusan haber sido víctimas de maltrato: "Un tío le habría doblado su mano hacia atrás provocándole dolor (...) Posteriormente el coordinador de turno lo sacó de la ducha y golpeó su cabeza contra la pared".
Sename excluido como querellante
Ésta es la primera formalización por muertes en el Sename y había expectación por saber qué medidas cautelares iba a pedir la Fiscalía, puesto que una de las cuidadoras imputadas como autoras está embarazada.
Emilfork solicitó al tribunal la prisión preventiva de las dos supuestas autoras, además de la ex directora del recinto.
La audiencia es encabezada por la jueza Marcia Figueroa, quien accedió a la petición de la familia de Lissette de excluir al Servicio Nacional de Menores como parte querellante en el proceso.
La magistrada justificó su decisión aludiendo a la "sobreabundancia" de presencia del Estado en la formalización, puesto que en ésta también participa el Instituto Nacional de Derechos Humanos.