Acusan de fraude por 704 millones de pesos a funcionaria de Juzgado de Puente Alto
Carla Ancalao fue denunciada por presuntamente haber girado cheques a nombre de su pareja.
La alarma comenzó cuando su reemplazante detectó un giro extraño mientras la acusada estaba con licencia médica.
"Se han girado un número importante de documentos, 28 cheques", indicó el ministro Milton Juica.
La funcionaria a cargo de la administración del Juzgado Civil de la comuna de Puente Alto, Carla Ancalao Jaramillo, fue denunciada por presuntamente haber girado cheques a nombre de su pareja por un total de 704 millones de pesos.
Todo comenzó cuando la reemplazante de Ancalao -quien se encuentra con licencia médica- detectó un cheque extraño girado y cobrado a nombre del marido de la mujer, por 42 millones de pesos, lo que generó la alarma.
El vocero de la Corte Suprema, el ministro Milton Juica, informó que "se hizo inmediatamente un arqueo de cómo era la situación y se descubrieron que entre el año 2014 hasta esta fecha, se han girado un número importante de documentos, 28 cheques, a la misma persona, por un total de 704 millones de pesos".
De inmediato, se hizo la denuncia al Ministerio Público y la Corte de Apelaciones de San Miguel instruyó una investigación de carácter administrativo, a cargo de la fiscal judicial Carla Troncoso.
Juica expresó que "nos llama poderosamente la atención, porque tenemos protocolos muy estrictos en materia de control de recursos y de gastos, pero si dos personas se ponen de acuerdo en delinquir, evidentemente que lo van a hacer con el máximo cuidado de no ser sorprendidos".
"Aquí fueron sorprendidos y lo más probable es que estas personas sean condenadas criminalmente por este hecho delictivo", agregó.
Dinero desaparecido en Fiscalía Centro Norte
Por su parte, en la Fiscalía Centro Norte se registró el caso de pérdida de dinero que constituía una prueba de un caso, según indicó el fiscal jefe Andrés Montes.
"Nosotros detectamos dentro de los procedimientos de revisión el mes de diciembre del año pasado que faltaban aproximadamente seis millones de pesos y configuraban una evidencia en un caso específico", confirmó.
Montes añadió que "lo que nosotros hacemos normalmente es que cada vez que se incauta dinero se deposita, pero en este caso en particular los billetes constituían una prueba y, por lo tanto, se custodiaron como cualquier evidencia".
"Ahí falló el procedimiento y es por eso que iniciamos la investigación administrativa y, además, la investigación penal", aseveró.
No hay funcionarios suspendidos por esta situación y la investigación penal está a cargo del fiscal José Morales y la administrativa en manos de un abogado asesor.