Congreso aprobó y despachó la ley de tenencia responsable de mascotas

Luego de ocho años de tramitación, el Congreso despachó este miércoles la ley de tenencia responsable de mascotas, mejor conocida como la "Ley Cholito", la cual quedó en condiciones de ser promulgada.

Esto se produce luego de que la Cámara de Diputados apoyara con un amplio respaldo (100 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones) el informe de la comisión mixta generada luego de las discrepancias surgidas entre la Cámara y el Senado.

El nombre de la normativa surge en memoria de un perro del sector comercial de Patronato al que le fue propinada una golpiza que le causo la muerte a principios de este año, desatando conmoción y amplio rechazo ciudadano.

La iniciativa busca frenar los casos de maltrato animal que han impactado al país y que se suman a otros tipos de crueldad como el abandono en las calles, la cruza sin control en criaderos y la irresponsabilidad de los dueños.

El proyecto define el acto de maltrato o crueldad con los animales es "toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente cause daño, dolor o sufrimiento a un animal".

Polémicas de la norma

También se establece la creación de un registro de criaderos, los que no podrán vender animales si no están esterilizados y tampoco se podrá cruzar perros en casas particulares.

El diputado independiente pro UDI Ramón Barros cuestionó esta última parte del proyecto.

"En el artículo 20, 25, por el tema de la castración, en las ciencias no hay consenso en orden a que no pueda tener efectos secundarios graves en las mascotas. Entonces, qué sentido tiene introducir normas que además tienen otro aspecto que nos complica, que si bien es cierto regula, a veces transforma el proyecto en sobrerregulaciones y discriminaciones (...) Es distinta la realidad en el mundo urbano que en el mundo rural y hay que hacerse cargo de esas diferenciaciones", manifestó el parlamentario.

Lo más polémico fue el presupuesto para este proyecto, ya que a juicio del diputado de RN René García no asegura los dineros para que pueda cumplirse la normativa.

"Cuando esa gente pide que los municipios se hagan cargo de estos perros abandonados, la ley no habla de ni un solo peso. Si yo quiero poner un canil de 150 perros aquí en Valparaíso, que no es ninguna maravilla ni tan grande, a un kilo diario de alimento son 150 mil pesos que tiene que gastar la municipalidad de forma diaria para mantener a estos animales", dijo el parlamentario, quien cuestionó si se está defendiendo la protección de los animales "o el monopolio de los que tienen los criaderos, porque no se va a poder formar ningún criadero más".

En contrapartida, la diputada comunista Karol Cariola, integrante de la comisión de Salud, sostuvo que "éste es un proyecto que se hace cargo de demandas sanitarias de la ciudadanía que tienen que ver con el control de que hoy hay animales que lamentablemente se reproducen en condiciones que no son las más adecuadas, precisamente por la falta de responsabilidad de los dueños".

"Ahora van a haber multas para eso, ya no vamos a conocer a los perros vagos, o al menos eso es lo que aspiramos, que muchas veces no tienen cómo alimentarse, que son maltratados. (...) No queremos que nunca más existan animales maltratados o asesinados", añadió la legisladora.

Los municipios tendrán que dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas o de animales de compañía en el territorio comunal.

El daño a un animal puede ser castigado desde presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, desde los 60 días a los tres años de cárcel, además de multas que van desde los 600 mil hasta sobre un millón de pesos dependiendo de la gravedad de la agresión, así como también la inhabilidad perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales.

Respecto al tema de la castración y también de los recursos se está pidiendo un veto aditivo antes que la iniciativa sea promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Aspectos claves de la "ley Cholito"

La nueva norma entrega a los ministerios del Interior, de Salud y de Educación, con la colaboración de las municipalidades, la promoción de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, a fin de asegurar su bienestar, la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

Cada municipio deberá dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas, la que se ajustará al reglamento que sobre la materia se dicte, prohibiéndose el sacrificio de animales como método de control de su población.

Todo responsable de una mascota estará obligado, entre otros deberes, a la adecuada identificación de la misma y de su dueño y a su inscripción en el registro respectivo.

Impone al Ministerio del Interior el deber de proporcionar una plataforma informática de registro e identificación de mascotas y animales de compañía, a la que accederán las municipalidades.

Sanciona el abandono de animales, el que será considerado maltrato y crueldad animal, facultando a las municipalidades para rescatar a todo animal que no tenga identificación encontrado en sitios de uso público, con el objeto de entregarlo a alguna de las organizaciones de protección animal registradas legalmente, para que éstas procedan a sanitizarlos, esterilizarlos y reubicarlos al cuidado de alguna persona que asuma su tenencia responsable.

Establece las normas a las que deberán someterse las organizaciones destinadas a la protección de animales y a la promoción de la tenencia responsable de mascotas; los locales de venta y crianza y los eventos en que éstos participen o sean exhibidos.

Toda persona que sea amenazada o perturbada en su vida, salud o integridad, por un animal de compañía, podrá denunciar el hecho, sin mayor formalidad, ante el Juez de Policía Local competente, a fin de que éste, en el más breve plazo, adopte las medidas que estime necesarias para eliminar dicha amenaza o perturbación.

Todo responsable de un animal deberá responder civilmente de los daños causados por éste, exceptuándose los casos de ejemplares caninos que causen lesiones graves o den muerte, así como el que ingrese a un domicilio sin autorización de los moradores ni justificación alguna o con el propósito de cometer delito.