Juez autorizó cambio de sexo de niño de 5 años y ONG cristiana se querelló en su contra

Un juez suplente enfrenta una querella criminal por "prevaricación", presentada por la ONG conservadora Comunidad y Justicia, por haber autorizado el cambio de sexo en la partida de nacimiento de un menor transgénero de cinco años.

Luis Fernández Espinoza, de 70 años –quien ya tramita su jubilación-, secretario titular del 7° Juzgado Civil de Santiago, ejercía como magistrado suplente cuando acogió la solicitud de los padres para rectificar el nombre y el sexo del menor. Producto de la querella arriesga la inhabilitación e incluso presidio, informó El Mercurio.

En su fallo Fernández señaló que el niño "nació con una anatomía masculina, pero su cerebro se identifica con una niña", y agrega que sus progenitores "descubrieron una estadística realmente preocupante, que informa que el 41 por ciento de la población transgénero tiende al suicidio por falta de aceptación social".

Luego recuerda que el artículo 31 de la Ley 4.808 dice que el nombre de una persona debe ser concordante con su sexo, y esto "no puede reducirse al examen visual de los genitales al nacer, pues, evidentemente, la sexualidad del ser humano es mucho más compleja y quiere contemplar otro tipo de antecedentes que conforman la identidad del individuo".

Tras considerar -además- informes del Servicio Médico Legal, Fernández acogió la solicitud de los padres "a fin de resguardar la integridad y la dignidad" del menor y ordenó al Registro Civil rectificar la partida de nacimiento con nombre y sexo femenino.

"Los jueces no son legisladores"

Ante dicha resolución, el abogado Tomás Henríquez, director de la ONG Comunidad y Justicia, que promueve los derechos humanos desde una visión antropológica judeocristiana, acusa de "prevaricación" al magistrado, argumentando que en Chile "no existe una ley que autorice explícitamente el cambio de sexo".

Para Henríquez, el magistrado vulneró la separación de los poderes del Estado, ya que "los jueces no son legisladores" y no tienen "la potestad ni les compete estar creando la ley".

Especula que "la intención es presionar al Poder Legislativo para que saquen la ley de identidad de género". La Comisión de Derechos Humanos del Senado, que discute dicha ley, aprobó en enero la exclusión de los menores de edad de la posibilidad de modificar su nombre y sexo registral.

Según el abogado, "es particularmente grave" que la autorización se dé en el caso de un menor, ya que "existe una altísima probabilidad de que ese niño vaya a desistirse de su idea de ser de un sexo distinto".

"Hay que ver quiénes son los querellantes"

Por su parte, Jaime Silva, abogado del Movilh y quien defiende al juez, resaltó -también en El Mercurio- que "una sentencia de estas características es muy valiosa, porque efectivamente se hace cargo de una realidad sumamente compleja y (...) es la forma de solucionarla".

Dice que la querella contra su defendido "es un acto fanático perverso" y que el problema se origina, precisamente, porque no existe una ley de identidad de género: "No es que el juez haya fallado porque sí. Como no existe una legislación, los jueces, dentro de su función jurisdiccional, pueden interpretar la ley".

"Hay que ver quiénes son las personas que presentan esta querella, que es perversamente brillante, que está bien fundamentada, pero desde su trinchera fanática valórica", remató Silva.