Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decretó la expulsión de bolivianos detenidos
Aduaneros y militares fueron arrestados el 19 de marzo pasado.
El grupo está compuesto por dos militares y siete funcionarios aduaneros.
El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte decretó la expulsión de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos el 19 de marzo pasado, cuando Carabineros los acusó de apropiarse de un camión con mercaderías en la localidad de Colchane, en territorio chileno.
Durante la audiencia de juicio simplificado, la jueza Isabel Peña acreditó el delito de contrabando y de robo con violencia contra los dos militares y siete funcionarios de Aduanas. Además, contra los dos militares se imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego.
En su sentencia, la jueza condenó a tres años y un día por el delito de robo con violencia a Carlos Calle, Alex Carvajal, Arsenio Choque, Edilberto Flores, Karl Guachalla, Diego Guzmán, Bryan Quenallata, David Quenallata y Casimiro Tórrez, y al pago de una multa de poco más de 32 millones de pesos por contrabando.
Además, Carvajal y Calle fueron condenados a tres años y un día, por el delito de porte ilegal de armas.
"La expulsión se deberá realizar dentro del plazo de 30 días desde que quede ejecutoriada esta sentencia por parte de la PDI de Chile", dijo la magistrada.
El fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, planteó que "yo creo que es fundamental analizar la conducta esperable de un funcionario público ante un delito flagrante. No es posible ni aquí ni en Bolivia que ante la comisión de un delito flagrante los funcionarios públicos simplemente no detengan, no pongan a disposición de las autoridades a aquellos que están cometiendo el delito y simplemente se lleven las especies producto de aquel ilícito".
"Estamos muy conformes, el fallo se hizo cargo de toda la argumentación, señaló claramente cuales eran los argumentos, compartiendo aquellos que habíamos expresado en nuestras intervenciones en la audiencia, respecto que el accionar de los condenados no podría estar amparado en el plan aire tierra y que su conducta no se condice con aquella conducta que un funcionario público boliviano debiera desplegar ante un delito flagrante", añadió el persecutor.
En tanto, el abogado de los bolivianos, Claudio Vila, comentó que "hemos sostenido una charla con los nueve funcionarios públicos bolivianos, quienes nos han reiterado la petición de que analicemos adecuadamente los pasos a seguir y es por eso que en esta audiencia no hemos renunciado a nuestro derecho a apelar, derecho que corre a partir de hoy por cinco días, es decir, hasta el día lunes".
La expulsión de Chile de estos bolivianos se realizará en los próximos 30 días, tras los cuales no podrán ingresar al país en 10 años, mientras que Carvajal y Calle no lo podrán hacer en 20.