Ciudad del Niño dejará de recibir menores derivados desde Tribunales de Familia

El próximo 15 de agosto, la Fundación Ciudad del Niño dejará de recibir menores derivados desde los Tribunales de Familia debido a las deudas que mantiene el Sename con la institución.

En conversación con El Diario de Cooperativa, su presidente, José Pedro Silva, detalló que "nosotros atendemos alrededor de 18 mil niños anuales, de los cuales casi un 95 por ciento son menores vulnerados en sus derechos y una menor proporción de algunos programas de responsabilidad penal adolescente, pero son los menos".

"Los Tribunales de Familia, por una disposición de la ley, derivan a ciertos menores, casos bastante complejos, a la red de colaboradores del Estado, y es una derivación prácticamente obligatoria conforme a las interpretaciones que se ha dado a la ley", añadió.

Silva explicó que "eso significa que los programas que habitualmente estas instituciones, como Fundación Ciudad del Niño y muchas otras, nos adjudicamos para atender un cupo de 40 a 50 niñitos y al poco andar, por efecto de estas derivaciones, se nos duplica la planta, entonces, los educadores, los sicólogos, los trabajadores sociales que contratamos para atender 40 niños ya son insuficientes, también la infraestructura para atenderlos".

El presidente de la Fundación Ciudad del Niño apuntó que "a partir del año 2016, este asunto se ha ido agravando cada vez en forma más profunda y más exponencial, y resulta que al finalizar el año 2016 la deuda con las instituciones del sector, no solamente con Ciudad del Niño, bordeaba los ocho mil, nueve mil millones (de pesos), deuda que actualmente está prácticamente en lo mismo".

"No podemos seguir agravando nuestro déficit financiero"

Silva enfatizó en Cooperativa que "nosotros no podemos, no es que no queramos, sencillamente no podemos seguir atendiendo niños derivados y agravando nuestro déficit financiero a partir del mes de agosto próximo".

"El dejar de recibir estos niños por imposibilidad económica tiene dos consecuencias: primero, hacer un freno a la pérdida económica para estas instituciones, para no llevarlas a la ruina y cause un perjuicio mucho mayor de dejar de atender a todos los demás niños que estamos atendiendo", agregó.

El funcionario remarcó que "por otra parte, salvo que haya una solución planteada en lo inmediato por el Gobierno, nosotros tenemos la obligación, en defensa de nuestro patrimonio, de demandar al Estado de Chile para que nos pague la deuda que actualmente tiene, tal como lo hizo la Universidad Católica con motivo del Aporte Fiscal Indirecto, estamos en la misma situación".

"Estamos frente a una incompetencia del Estado manifiesta y lo más paradójico es que, de alguna manera, tratan de responsabilizar a las instituciones colaboradoras de una gestión que, tanto desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista coordinador y de la aportación de los recursos que debiera hacer el Estado, es tremendamente negligente e ineficiente", concluyó.