Diputados trabajan en ley para eliminar "abusos" en pensiones de Fuerzas Armadas

En El Diario de Cooperativa, el diputado socialista Leonardo Soto, quien presidió de la comisión que investigó anomalías en el otorgamiento de pensiones en Capredena y Dipreca, adelantó que trabajan en una propuesta global para eliminar este tipo de "abusos" en las Fuerzas Armadas y policías.

Esto luego del reciente anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet sobre un estudio para modificar el sistema de pensiones de la Fuerzas Armadas, en el que se han detectado irregularidades tanto en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) como en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).

La Presidenta "ha pedido que comience a funcionar una comisión interministerial compuesta por los ministro de Hacienda, del Trabajo, de Defensa, pero también agregó al ministerio del Interior, entiendo que con eso abre la puerta para que también se revise el sistema no sólo de Capredena (...) sino que también el se Dipreca", destacó el diputado Soto.

"En consecuencia, yo creo que se va a formar un equipo de trabajo muy especializado que -espero- podamos precisar una ley anti abusos en el sistema de Capredena que esté dirigida a estas manipulaciones que permite el sistema y que han entregado pensiones altísimas que sin duda escandalizan a todos", aseguró.

"Vamos a hacer una propuesta global que de una vez por todas termine con este nivel de abusos que se ha mantenido durante todos estos años desde la vuelta a la democracia", adelantó.

De pensión de antigüedad a una por invalidez

En esta línea, el parlamentario Soto evidenció que una vez que los uniformados "reciben su pensión de retiro por antigüedad, tienen hasta 10 años después para poder someter a evaluación médica cualquier tipo de dolencia de salud que justifique una invalidez permanente, pero estando retirados".

"En esos 10 años, donde los funcionarios tienen efectivamente algún accidente o dolencia, pueden invocarlo para transformar" su pensión "en una por invalidez y aumentar el monto de subvención en alrededor de un 50 por ciento", algo que "se ha prestado para muchos abusos y ha sido una materia que hace varios años se ha querido limitar y esperamos en esta ocasión podamos hacerlo", sentenció.

Frente al caso de los condenados por violaciones a los derechos humanos que reciben pensiones, "ahí hay una doble situación que analizar": en primer lugar, quienes "lo han obtenido porque adolecerían de un estrés post traumático o por shock, que tendría que ver con los actos de homicidios, secuestros, tortura que ellos ejecutaron en tiempos de la dictadura".

Además, "cuando ingresan ellos a cumplir estas condenas les tienen que hacer un exámen de salud, ellos mismos hacen una autodeclaración de la condición en que están y se autocalifican a sí mismos como completamente sanos, física e intelectualmente", criticó.

"En consecuencia, tienen una situación de salud incompatible con la que invocaron para obtener el beneficio y esa esa una situyaicón que va a tener que revisar este proyecto de ley y establecer limitaciones que permita una evaluación permanente para la pensión de invalidez como la tienen todos los chilenos en el sistema de previsión general, que cada tres años se evalúa la condición; acá, no se evalúa nunca más", concluyó.