Aborto: Rector PUC desdramatiza traslados por objeción de conciencia

El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, desdramatizó la necesidad de realizar traslados de pacientes a raíz de la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

En conversación con Cooperativa, a la espera de "saber exactamente cuál es el articulado que queda" tras el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la objeción de conciencia institucional que reivindica el plantel, Sánchez aseguró que "los médicos (de la Red Salud UC) van a seguir actuando como siempre lo han hecho en casos de emergencia que comprometan el riesgo vital de la madre: si el paciente no se puede derivar porque está comprometida su salud vital, se va a tratar en la Universidad y eso no se considera un aborto, sino restaurar la vida de una persona que está en riesgo grande".

"Si la urgencia compromete riesgo vital no hay traslado, nosotros asumimos eso, porque en el traslado la persona podría fallecer y eso no se puede hacer. En cambio, si el traslado es sin urgencia nosotros vamos a hacerlo y tendremos los canales abiertos, dependiendo de los sistemas de isapre o Fonasa de la persona. En esto no se puede improvisar", señaló a El Diario de Cooperativa.

"Si en el futuro una madre, electivamente, no de riesgo, sino que en una decisión personal, producto de alguna de estas tres causales, decide solicitar un aborto en nuestra institución, lo que vamos a hacer es trasladarla de manera segura a un hospital público o privado, dependiendo de su situación de salud, sus convenios", dijo el académico, asegurando que "del costo se va a hacer cargo la misma isapre que se haría cargo del costo en nuestra institución".

"Traslados se hacen todos los días"

"El traslado no significa ningún costo mayor para la persona (...) no tiene un costo extra. Por eso digo que los convenios hay que hacerlos previamente, para asegurar que el paciente no tenga ningún daño. Eso se puede prevenir perfectamente", dijo Sánchez al ser consultado por la duda que planteó ayer la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, respecto de la situación de mujeres que tengan planes de atención preferentes o cerrados con instituciones objetoras de conciencia.

"En un plan cerrado o preferente, cuando una institución no hace una prestación (...) ese plan tiene convenios con otras instituciones. Por lo tanto, no veo ningún problema en hacer convenios considerando que alguien tenga un plan cerrado con la Universidad Católica y esta prestación (el aborto) no se haga ahí. Esto se hace todos los días y con todas las instituciones", remató.

Experto: Debe pagar la isapre

En sentido similar se expresó, consultado por Cooperativa, el ex superintendente de Isapres y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello Héctor Sánchez.

"Si fuera un convenio cerrado con una institución que tiene objeción de conciencia, la isapre debería estar obligada a ofrecer más de una alternativa en ese plan cerrado, si es que eso no se hubiera dado; por ejemplo, porque el plan fuera anterior a la fecha de la publicación de la ley. La isapre estaría obligada a trasladar", dijo Héctor Sánchez.

El Gobierno espera que en enero estén ubicados en las distintas zonas del país los profesionales que van a permitir implementar la ley de aborto en tres causales. El Minsal está trabajando todavía en el reglamento, que debe ser aprobado por la Contraloría, pero ya se ha fijado el arancel para el 90 por ciento de las prestaciones que se requieren.

Operación desde enero

"Para este año contamos con fondos para comprar equipamiento y también para la capacitación de los profesionales que van a participar. El próximo año va a tener ya todo lo que significa la contratación de personal, que nosotros vamos a gestionar para que, a contar de enero, podamos tener ya los profesionales ubicados e instalados en cada una de las localidades", dijo en la víspera la ministra Carmen Castillo. 

El plan del Gobierno es dividir al país en seis macrozonas de atención compleja, donde se realizará el diagnóstico de inviabilidad fetal. Ahí está contemplado también el traslado de las pacientes desde los distintos lugares de Chile. Hay 69 hospitales en el sistema público con la capacidad de brindar atención de alto riesgo obstétrico.