Fiscalía se querelló contra gobierno catalán por referéndum
La acción es por desobediencia, prevaricación y malversación.
El referéndum independentista del 1 de octubre fue dejado en suspenso de forma cautelar por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía ha pedido el cierre de las páginas a través de las que se está impulsando el referéndum de independencia.
La Fiscalía Superior de Cataluña presentó este viernes una querella contra el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su ejecutivo, así como contra la presidenta del Parlamento regional por desobediencia, prevaricación y malversación, un delito éste último que implica penas de prisión.
La querella, anunciada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se formalizó durante la presente jornada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Respecto al Ejecutivo catalán, el Ministerio Público se querella por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya dejó ayer en suspenso de forma cautelar, al admitir a trámite los recursos presentados por el gobierno español.
El gobierno catalán en pleno firmó la convocatoria del citado referéndum la noche del pasado día 6, después de que el Parlamento regional aprobara una ley que regula esta consulta, con el apoyo de la mayoría independentista de la Cámara, norma que también recurrió el gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
En la querella, la Fiscalía justifica la inclusión del delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el gobierno catalán pone en marcha un procedimiento, el referéndum, "que va a generar un importante gasto público".
Respecto al delito de prevaricación, considera que con la convocatoria del referéndum pretenden la "abierta y deliberada derogación" de la Constitución.
Y en cuanto al delito de desobediencia, el fiscal recuerda que los miembros del gobierno catalán han sido "especialmente advertidos" del deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional".
"Incumplir los mandatos constitucionales"
Además, la Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa (presidencia) que votaron admitir a trámite la ley del referéndum por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".
El Ministerio público les achaca también delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", de prevaricación y malversación.
Recuerda, que "la Cámara catalana no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad".
En cuanto al delito de malversación, basa su acusación en que "la convocatoria de un referéndum implica un gasto de dinero público", y por tanto cualquier partida que se destine a su financiación es ilegal.
Y respecto a la prevarición, indica que las decisiones de admitir a trámite las dos leyes no son "actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito de este delito", sino de "decisiones que afectan al funcionamiento del Parlamento y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional".
Asimismo, la Fiscalía ha pedido el cierre de las páginas webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia y que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre esa consulta.