TC definirá posible derogación de norma que obliga a cárcel por posesión de armas no inscritas
Se ha cuestionado en al menos 400 casos.
La normativa fue defendida por el fiscal Raúl Guzmán.
Se cuestionan las altas penas de cárcel a los infractores.
El Tribunal Constitucional deberá definir si deroga una norma que obliga a decretar penas de cárcel a quienes sean sorprendidos en posesión de armas no inscritas, luego que un abogado recurriera sobre una presunta inconstitucionalidad de la norma.
Según publicó El Mercurio, la norma actual obliga a los tribunales a aplicar penas de cárcel efectiva sin beneficios a quienes tengan artefactos o armamentos no inscritos, independiente de su irreprochable conducta anterior.
En el caso de esta ley, existen cerca de 400 causas en las que se cuestiona la Ley de Control de Armas, razón por la que el TC ha debido realizar plenos extraordinario para fallar causas.
Los abogados argumentan que en algunos casos se trata de armas heredadas de familiares y piden un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de artículos de ley como el que no permite salidas alternativas como remisión condicional de la pena o libertad vigilada.
Además, se cuestionan las altas penas a este delito, que van entre los tres años y un día a los cinco años de privación de libertad.
La ley se modificó en 2015, y junto con endurecer las penas con respecto a delitos como los disparos al aire, se añadieron nuevas herramientas investigativas como la posibilidad de interceptaciones telefónicas o el uso de agentes encubiertos".
Ante esto, el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, defendió la normativa, explicando que "nos permite contar con más elementos para poder llevar adelante la investigación, reunir antecedentes y condenar a los imputados".
"Se produce un efecto que es de prevención general; es decir, las personas ven que estos delitos tienen una pena más alta, que además va a ser de cumplimiento efectivos, y ahí se produce un problema, porque frente a requerimientos que se han planteado ante el TC, el tribunal acogiendo estos requerimientos ha estimado que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas de la Ley 18.216 va contra la Constitución y particularmente contra la igualdad ante la ley", recalcó.