Gobierno español cifró en 1.000 millones de euros el costo de la crisis catalana
Ministro de Economía explicó que esta cifra responde a la desaceleración en torno al 0,4 por ciento del crecimiento del PIB regional.
Luis de Guindos cree que los números evidencian la “enorme inquietud y desconfianza” que generó la anterior Generalitat.
De Guindos señaló que espera que el futuro Ejecutivo catalán sea consciente de estos costes y abandone la "vía unilateral".
El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, cifró este lunes en unos 1.000 millones de euros (unos 736 mil millones de pesos chilenos) el coste económico del fallido proceso independentista de la región española de Cataluña en el cuarto trimestre de 2017.
En una entrevista radiofónica, De Guindos explicó que esta cifra responde a la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán -del en torno del 0,9 al 0,4 por ciento- en el cuarto trimestre, que se eleva a 200 mil millones de euros (unos 147 billones de pesos).
Por ello, deduce que la crisis política ha podido costar ya "perfectamente" unos 1.000 millones de euros al crecimiento económico, "castigado" por el planteamiento independentista.
Según el ministro, esta desaceleración pone de manifiesto la "enorme inquietud y desconfianza" que generaron las decisiones del anterior gobierno regional de Cataluña.
De Guindos señaló que espera que el futuro Ejecutivo catalán sea consciente de estos costes y abandone la "vía unilateral" y se centre "en el día a día" y en las "necesidades básicas" de la sociedad catalana, después de que se haya puesto de manifiesto, a su juicio, que la vía unilateral "no va a ningún sitio".
En su informe sobre la Situación de España, el servicio de estudios del BBVA ya alertó el pasado noviembre de que la incertidumbre generada por la crisis política en Cataluña podría restar hasta 1,1 puntos al crecimiento económico en 2018.
La celebración de un referéndum ilegal independentista en Cataluña el pasado 1 de octubre, y los acontecimientos posteriores, desencadenaron la fuga de más de 3.000 empresas de esa comunidad española, una parte de ellas históricas, que trasladaron su domicilio social a otras partes de España y llevaron al gobierno español a rebajar la previsión de crecimiento en 2018 del 2,6 al 2,3 por ciento.