Contraloría detecta más de 10 mil personas en lista de espera por atención judicial gratuita
Se trata de casos en centros jurídicos de la Región Metropolitana.
La Corporación de Asistencia Judicial atribuye a un error agendamiento de horas para hasta cuatro años más.
Un informe de la Contraloría detectó más de 10 mil personas en listas de espera para obtener ayuda gratuita en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región Metropolitana, un servicio que depende del Ministerio de Justicia.
Se trata de un servicio público y gratuito cuya misión es entregar asistencia jurídica y patrocinio a quienes por la falta de recursos no puedan contratar un abogado.
Según el informe 761 del ente contralor, fechado en septiembre pasado, "aquellos centros (jurídicos de la CAJ de la Región Metropolitana) que presentaban más de 40 solicitudes de usuarios en espera de que se agendara una entrevista, verificándose que, a esa fecha, estos totalizaron 10.782 casos".
Además, según publica La Tercera, la entidad constató que de los más de 10 mil casos en espera hay 2.355 usuarios "que han solicitado una entrevista por primera vez con un profesional de orientación e información a los que aún no se les ha asociado un folio, número que se asigna a la carpeta que da inicio a la tramitación de la causa".
El informe detalla además que de 17 solicitudes de entrevistas realizadas antes del 7 de septiembre de 2017, 11 quedaron agendadas para 2018, cinco para 2019 y una para 2021, lo que según la Contraloría, evidencia "que la CAJ Metropolitana carece de capacidad suficiente para asegurar a los usuarios y patrocinados el acceso oportuno a la justicia".
La CAJ Metropolitana respondió, según consigna el mismo informe del organismo contralor, que "la mencionada lista de espera en promedio no supera los 30 días hábiles" y que la corporación "tiene un déficit de personal que se encuentra asociado a la falta de presupuesto, lo que afecta la capacidad de servicio y cobertura institucional".
La Contraloría concluyó que la respuesta entregada por la CAJ se hizo en base a antecedentes del trimestre julio a septiembre de 2017, "no siendo comparables los resultados informados", cuestionó que la corporación "no se pronunció en forma específica sobre las situaciones (...) en las que se indican casos de agendamiento de entrevistas que sobrepasan con creces los plazos autorizados".
Ante esto, la CAJ Metropolitana, consultada por el citado matutino, informó que las aquellos casos en que se fijaron entrevistas en que deberán pasar años para concretarse están "totalmente fuera del rango existente en espera de atención" y que de existir, se trata de un error en el registro de agendamiento.