Ministro Barraza: Retiro del Convenio 169 sería una bofetada a pueblos indígenas
El titular de Desarrollo Social cuestionó la idea de que Chile se aparte del acuerdo convenido con la OIT, como piden algunas voces.
Este año se cumple una década de su ratificación, lo que permite revisar su aplicación.
"No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos", dijo Barraza.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, consideró que el eventual retiro de Chile del Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo sería una "nueva bofetada" contra los pueblos indígenas del país, en respuesta a quienes argumentan que la norma es un obstáculo para proyectos económicos.
Esto a propósito de que este año el acuerdo cumple una década desde su aprobación por el Congreso Nacional en 2008, periodo que permite al país suspender o denunciar su aplicación.
"No puede existir una dicotomía entre el desarrollo económico y el respeto de los derechos de los pueblos. El Convenio 169 entrega una oportunidad de diálogo político y social, y retirarlo sería una nueva bofetada a los pueblos indígenas", manifestó el secretario de Estado durante el seminario "Convenio 169 y su aplicación en Chile", realizado en La Serena.
En ese sentido, apuntó que "el Estado y las empresas han avanzado en mejorar estos procesos de Consulta y la mayoría de los retrasos tiene que ver muchas veces con falencias técnicas de los proyectos, que no logran conectar e integrar las necesidades de los pueblos".
"La única forma de avanzar en un diálogo político efectivo con los pueblos Indígenas es respetar los acuerdos y el 169 se aprobó con acuerdo de todas las fuerzas políticas del congreso el 2008. Debemos hacernos responsables de lo que hemos aprobado", sentenció Barraza.
La preocupación del titular de Desarrollo Social radica en la intención manifestada desde ciertos sectores de que el futuro Gobierno de Sebastián Piñera retire a Chile del acuerdo que en septiembre de este año cumple una década desde que fue ratificado en el Congreso.
¿De qué trata el convenio?
El convenio establece el deber del Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, y regula, además, materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los pueblos originarios, fijando ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, entre otros aspectos.
También, en otras materias, se refiere a la conservación de las culturas indígenas y a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles.