La defensa de presos independentistas catalanes lleva el caso ante la ONU
Según los abogados de los detenidos, la ONU debe reafirmar que "el Gobierno Español no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria".
"Las acciones del Gobierno español sientan un precedente peligroso para el derecho a las protestas pacíficas en todo el mundo", afirmaron.
El abogado que representa a tres políticos independentistas catalanes presos anunció este jueves en Londres que llevó el caso ante la ONU porque, en su opinión, su encarcelamiento es "ilegal".
"Fueron detenidos después de que los catalanes votaran de manera abrumadora por la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017", afirmó en una rueda de prensa el abogado Ben Emmerson, en alusión a la consulta ilegal celebrada en esa fecha en la región española de Cataluña.
El defensor tiene como clientes al presidente del partido ERC, Oriol Junqueras, y a los líderes de asociaciones culturales independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados por su relación con el proceso soberanista en Cataluña.
Tras calificar el caso de "afrenta contra los Derechos Humanos", el abogado británico aclaró que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia catalana, sino que reafirme que "el Gobierno no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria".
Al presentar esta situación ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la defensa de Junqueras, Sánchez y Cuixart consideró que "deben ser liberados", argumentando que "las acciones del Gobierno español en este caso sientan un precedente peligroso para el derecho a las protestas pacíficas en todo el mundo".
"Confiamos en que la ONU utilice este caso para reiterar de manera rotunda que el Gobierno no puede emplear cargos endebles para reprimir a la oposición política", remató Emmerson.
El defensor también se mostró "muy optimista" ante la posibilidad de obtener una "respuesta favorable" por parte de la ONU y confió en que ese organismo "adopte todas las medidas apropiadas" y que las autoridades españolas "respeten" su decisión cuando ésta se conozca.