Corte Penal Internacional investigará a Venezuela por represión en manifestaciones
Fiscalía revisará denuncias de "fuerza excesiva" de la Policía para "dispersar y reprimir manifestaciones" además de "graves abusos" a detenidos.
Human Rights Watch celebró este examen y el mensaje que envía al régimen.
El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en la nación gobernada por Maduro.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre Venezuela por la "fuerza excesiva" de la Policía para "dispersar y reprimir manifestaciones" y "graves abusos" a detenidos, informó la institución en un comunicado.
El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Según el comunicado de la Fiscalía, se investigará la "fuerza excesiva" utilizada por fuerzas de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de "miles de miembros de la oposición, reales o aparentes", algunos de los cuales "habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos".
La institución reconoce que, en esas protestas, "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", lo que provocó "lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad".
También recordó que una investigación preliminar no es una investigación de pleno, sino un "proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación".
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados.
La Fiscalía apuntó que no hay tiempo establecido sobre la duración de un examen preliminar, ya que depende de "los hechos y circunstancias de cada situación" y se reserva el derecho de continuar recopilando información para establecer si inicia una investigación de pleno o si no hay una base razonable para proceder.
Por otra parte, la Fiscalía abrió este jueves otra investigación preliminar a Filipinas por crímenes presuntamente cometidos desde julio de 2016 durante la campaña denominada "guerra contra las drogas", lanzada por su presidente Rodrigo Duterte.
HRW celebró la investigación preliminar
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) celebró el inicio de esta investigación preliminar por parte del tribunal internacional.
El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, resaltó en diálogo con Cooperativa que este hecho es "muy inusual" y que responde a la situación que se vive en Venezuela, donde - destaca- gobierna un régimen cívico-militar.
"Lo que distingue una tiranía de lo que es una sociedad abierta, es que Venezuela es la ley del arbitrio absoluto, caprichoso, en el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, el señor Maduro y compañía", aseguró el ejecutivo.
En este marcó, Vivanco destacó que "para que la Corte se involucre de esta manera, en principio, debe haber un percepción que acá no hay instancias locales capaces de investigar y hacer justicia".
Fiscalía venezolana se abre a colaborar
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, se abrió a colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI), aunque resaltó que la información con la que cuenta el tribunal es "sesgada".
"Estamos dispuestos a demostrar y a mostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos", aseguró Saab y recordó que el presidente Nicolás Maduro prohibió el uso de armas de fuego en manifestaciones.
"Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano sabrá que bajo nuestra presencia (...) no habrá impunidad y así lo hemos ido demostrado", afirmó el persecutor.
El fiscal general venezolano señaló que desde la CPI no los contactaron para pedirle antecedentes sobre "la judicialización o no de los casos que tienen que ver con los lamentables sucesos" de 2017.
"Este nuevo MP (Ministerio Público) tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela efectivamente que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la república donde ha habido informes minuciosos sobre el estado de los mismos", defendió.
"Muchos de esos casos han tenido imputación y acusación por parte de este nuevo MP a partir de agosto a la fecha", agregó el otrora Defensor del Pueblo de Venezuela, quien aseguró que enfrentarán la indagatoria de forma "totalmente transparente"