Ministerio de Transportes y CDE evalúan futuro de licitación del Transantiago
El subsecretario Carlos Melo espera definir la situación antes del cambio de mando.
Las empresas pidieron neutralidad al Ejecutivo.
Los contratos vencerán entre octubre de 2018 y julio de 2019.
El Ministerio de Transportes y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúan los pasos a seguir para avanzar en el proceso de licitación del Transantiago, que fue congelado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Cabe recordar que entre octubre de 2018 y junio 2019 vence un 50 por ciento de los contratos de las concesionarias del sistema, razón por la que el próximo gobierno deberá definir la posible prórroga de estos contratos si el proceso no continúa.
El subsecretario de Transportes, Carlos Melo, indicó que "creemos que ese mecanismo de solución es un error, es un problema, porque finalmente se eterniza en el tiempo un sistema que va teniendo aumentos de costos pero que no se traduce en mejor calidad de servicio para los usuarios y que por lo tanto los esfuerzos deben estar dirigidos a hacer un proceso de licitación".
Por su parte, el ex ministro Felipe Morandé aseveró que "el camino más obvio es suspender esta licitación y darse un tiempo para llamar una nueva, que corrija los defectos que encontró el Tribunal de la Libre Competencia en esta pasada".
"Si bien hay que tomarse un tiempo para hacer nuevas y mejores bases, no puede ser esto en un periodo demasiado largo porque sino la calidad de servicio va a deteriorarse y eso no es claramente el propósito", añadió.
El proceso se encuentra congelado luego que las empresas Transanber y Santin denunciaran una serie de irregularidades en la licitación.
El representante de Transanber, Luis Vargas, pidió neutralidad al Ministerio, al igual que el abogado de la empresa, Jorge Ibarra.
"Solicitaremos que se mantengan las cautelares de la suspensión del proceso de licitación hasta que no se dicte una sentencia definitiva y obviamente solicitaremos, mediante el ejercicio de la acción, que se apliquen las multas a beneficio fiscal, por cuanto se ha incurrido en una infracción a la Ley de Libre Competencia", sostuvo Ibarra.
"Lo más importante es que se obligue en este caso al Ministerio de Transportes a modificar las bases, garantizando la competitividad en lo que dice relación con la experiencia previa, con el tema de terminales y la información económica que se necesita para construir la oferta", sostuvo.
Además, durante el 2021 se vencerá la concesión del 50 por ciento restante, razón por la que los expertos esperan una rápida solución para evitar que se crucen ambos procesos.