Corfo y SQM tienen cinco días para explicar a tribunales los detalles de su acuerdo
La Corte de Apelaciones declaró admisible un recurso presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños.
Éste asegura que la firma del documento para la explotación del litio en el Salar de Atacama incurre en ilegalidades.
Actores como el Movimiento Litio para Chile quieren que la explotación la realice el Estado y critican el rol que ha tenido SQM en los escándalos de corrupción.
Cinco días tienen Corfo y SQM para explicar en tribunales los detalles del acuerdo que suscribieron para la explotación del litio del Salar de Atacama, luego de que la Corte de Apelaciones declarara admisible un recurso de protección presentado por el Consejo de Pueblos Atacameños.
Se trata de una nueva dificultad para el inicio de las faenas, luego de más de cuatro años de conversaciones, disputas e intentos de conciliación que se zanjaron en enero con un documento que permite a la minera no metálica explotar el Salar hasta el año 2030, junto con garantizar la desvinculación de Julio Ponce Lerou del control de la empresa.
El tribunal de alzada acogió el requerimiento de las comunidades indígenas, que consideran que con el pacto "se produjo un acto de ilegalidad, una vulneración de los derechos de los pueblos atacameños".
"Pasaron a llevar el Convenio 169 al no consultarnos", explicó a Cooperativa Ana Ramos, presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños.
"El territorio donde se desarrolla esta actividad económica es territorio licanantay (atacameño), está en un área de desarrollo indígena y así lo reconoce la ley, y nosotros no vamos a ser parte de un acuerdo donde hay una empresa ligada a temas de corrupción", agregó Ramos.
"SQM debería ser ilegalizada"
Miguel Soto, coordinador del Movimiento Litio para Chile, apunta también al rol protagónico que ha tenido SQM en los casos de corrupción de los últimos años, junto con reivindicar la necesidad de que la explotación del mineral quede en manos del Estado y no de privados.
"Hemos sostenido que, de acuerdo a la propia ley, SQM debería haber quedado ilegalizada, porque ha atentado contra el Estado, y eso la propia Constitución y la ley lo penan desde el punto de vista de quitarle incluso su personalidad como empresa", dijo Soto.
"Por esa vía podría haberse recuperado una empresa que, además, fue mal adquirida durante la dictadura", acotó el activista.
¿Qué dice Corfo?
A través de un comunicado la Corporación de Fomento de la Producción afirmó que "la conciliación alcanzada (con SQM) mantiene exactamente las mismas condiciones de extracción de agua y salmuera aprobadas por la Resolución de Calificación Ambiental vigente. Por lo tanto, no representa ningún cambio ni tampoco produce efectos adversos sobre las comunidades indígenas y no indígenas de la zona".
"La conciliación se refiere a contratos suscritos por el Estado y la Sociedad Química y Minera de Chile en los años 80', confirmados en los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei y que tienen vencimiento el año 2030. Es decir, se trata de contratos suscritos hace más de 20 años y que, independiente del acuerdo, se mantendrán vigentes próximos 12 años", señala la nota, donde se consigna que, además, "se entregarán 15 millones de dólares por año para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona" (ver archivo adjunto).