Kuczynski declaró por ocho horas en la antesala de nuevo debate por destitución

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Autor: Cooperativa.cl

El presidente de Perú compareció ante una comisión parlamentaria y afirmó haber respondido a todas las preguntas.

Insistió en que no se benefició de los pagos de la constructora Odebrecht a su empresa, Westfield Capital.

 EFE

PPK enfrenta el riesgo de ser destituido por segunda vez en menos de tres meses.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, mantuvo este viernes, ante una comisión parlamentaria, su convicción de que no se benefició de los 782 mil dólares que su consultora facturó a la constructora brasileña Odebrecht mientras era ministro.

El interrogatorio, que se prolongó durante ocho horas, fue un ensayo de la sesión del próximo jueves en el pleno del Congreso, donde Kuczynski deberá realizar su alegato antes de que la Cámara debata y vote una moción para destituirlo; la segunda en apenas tres meses.

El mandatario, que declaró en condición de testigo, aseguró que respondió a todas las preguntas que le hicieron los congresistas "con apertura democrática y transparencia".

"Estoy dispuesto y siempre lo estaré a colaborar en las investigaciones con la plena convicción que no cometí actos indebidos durante mi ejercicio profesional, ni antes ni ahora", afirmó Kuczynski.

En su declaración, Kuczynski reiteró que no interfirió en los negocios de su consultora, Westfield Capital, fundada en Estados Unidos, mientras era ministro en el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Además, alegó errores en un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le atribuye cuantiosas transferencias por unos dos millones de dólares desde cuentas de Westfield.

La fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la comisión, destacó que el grupo que ella dirige tuvo que esperar siete meses para poder tomar declaración a Kuczynski, pero declinó profundizar sobre sus respuestas hasta que las evalúe primero con sus compañeros.

El caso Odebrecht implica en Perú a la primera plana política del país por los sobornos pagados entre 2005 y 2014 y las donaciones irregulares con las que supuestamente financiaron campañas de los principales líderes políticos y candidatos a la Presidencia.