El ministro en visita Mario Carroza ordenó exámenes de salud a los 70 internos del penal de Punta Peuco que solicitaron conmutar sus condenas por arresto domiciliario total para conocer su real estado de salud.

Una vez que lleguen a sus manos los resultados de los exámenes, que deben ser efectuados por el Servicio Médico Legal, el magistrado deberá resolver si procede o no el arresto domiciliario.

El ministro del interior, Andrés Chadwick, aseguró que adoptar esta decisión respondía netamente a un proceso judicial, asegurando que en base a estos exámenes médicos se evaluará caso a caso la solicitud de los internos.

"La decisión de adoptar los exámenes médicos es una decisión judicial que ya está en marcha y la decisión posterior, con respecto a los beneficios carcelarios -como lo ha dicho el ministro de Justicia, Hernán Larraín-, son situaciones que se van viendo cada caso en particular", afirmó Chadwick.

La autoridad además aseguró que se estaba siguiendo un camino objetivo "que atiende a las situaciones particulares y personales".

"Vamos a solicitar indultos particulares"

En tanto, el abogado Raúl Meza -que representa a cerca de dos tercios de los internos que cumplen condena en el penal Punta Peuco- aseguró estar satisfecho con la medida tomada por el juez Carroza.

"Buscamos obtener una decisión judicial favorable a la solicitud que hicieron estos 70 internos del penal Punta Peuco, y se otorgue en definitiva la posibilidad de que cumplan su pena en arresto domiciliario total", afirmó Meza.

El jurista además agregó que "en el evento de que esta decisión judicial sea desfavorable a los intereses de los internos, vamos a solicitar indultos particulares respecto de aquellos enfermos que tengan la calidad de enfermos terminales, acreditada desde el punto de vista médico".

Pese al avance de la solicitud, la defensa de los reos ve con preocupación que sea el SML el organismo que haga los exámenes como lo solicitó el ministro Carroza por lo que pedirán peritajes externos.

Una operación de impunidad

Mientras, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, aseguró que estas medidas respondían a la decisión de materializar una operación de impunidad.

"El ministro Carroza podrá hacer todos los exámenes que quiera, pero el tema de fondo es la decisión de materializar una operación de impunidad que se viene gestando hace mucho rato", afirmó Pizarro.

La dirigenta agregó que este proceso "tiene que ver con la victimización de los condenados por crímenes de lesa humanidad, de disfrazar el deseo de impunidad con estas supuestas razones humanitarias, envejecimiento o temas de salud que no les permite continuar cumpliendo en cárcel sus condenas".

Hertz: Genocidas no pueden recibir indultos

En tanto la diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Carmen Hertz (PC), descartó que se pueda indultar a violadores de derechos humanos.

"Hay no solo jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, el Estatuto de Roma, el Tribunal para la ex Yugoslavia y para Ruanda, que además de las normas internacionales que establecen varios principios, uno de esos es que los genocidas, ni los criminales de guerra ni los criminales de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto, eso en relación a la petición que van a hacer al Ministerio de Justicia", dijo la diputada.