Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias
Se presume que el ex presidente buscaba alterar el veredicto sobre la supuesta financiación ilegal de su campaña del 2012.
Su abogado y el magistrado que lo ayudarían en la trama se sentarán a su lado en el banquillo.
El ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por el Tribunal Correccional por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, informó este jueves el diario Le Monde.
Junto a él también se sentarán en el banquillo, tal y como lo había solicitado la Fiscalía Nacional Financiera el pasado octubre, su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.
La investigación se dio por finalizada en 2016, pero diversos recursos han alargado el proceso, y la decisión de los jueces de instrucción, que puede ser recurrida por los afectados, se firmó este jueves.
Los magistrados habían llamado a Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el pasado 21 de marzo.
En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el ex presidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.
Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al ex presidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado este jueves.
Sarkozy tiene pendiente además un juicio por el llamado "caso Bygmalion", que se refiere a la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012 a través de la falsificación de facturas para ocultar gastos electorales.