Varela alertó sobre "efectos perversos" de la reforma a la educación superior de Bachelet

Luego de que el martes se publicara en el Diario Oficial -sin actos del Gobierno que lo relevaran- la Ley de Educación Superior, que consagra la gratuidad en la enseñanza universitaria, el ministro Gerardo Varela advirtió hoy que la iniciativa podría tener "efectos perversos".

El Ejecutivo no realizó una ceremonia para difundir el hecho, y el secretario de Estado aclaró hoy que "interesa, por supuesto, celebrar", pero eso "vamos a hacerlo cuando hayamos implementado adecuadamente esta desafiante nueva legislación".

"Ojalá que en el aniversario de esta ley podamos celebrar que transversalmente estemos todos contentos y que los efectos perversos que podría tener esta ley no se produzcan y que las universidades tengan la solvencia económica para enfrentar los desafíos de calidad", advirtió.

"Tenemos que preocuparnos de que la gratuidad no afecte la calidad", subrayó el ministro.

La postura del ministro fue rechazada por el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), quien aseveró que "la verdad es que es una insolencia para el Congreso, con casi la unanimidad del Congreso que aprobó este proyecto. Yo no sé que pretende el ministro, esto es una actitud muy provocadora para los que no piensan como ellos".

"La ley tiene una manera de avanzar hacia la calidad, que es crear una Superintendencia, fortalecer la Agencia de la Calidad, crear una Subsecretaría de Educación Superior, crear la gratuidad", recalcó.

Actualmente son 33 universidades y 15 institutos profesionales los que están adscritos a la gratuidad, y la iniciativa establece un plazo de 60 días para que los planteles educacionales decidan si van a ingresar, permanecer o salirse del sistema que entrega este beneficio.

Universidades adelantan un posible desmedro económico

La nueva legislación aumenta la regulación sobre los aranceles desde el sexto hasta el noveno decil, por lo que las universidades advierten -como ya lo hicieron durante la tramitación- que podrían sufrir un desmedro económico importante.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, apuntó que "si todo depende de los aranceles regulados, y aranceles regulados diferenciados, la verdad es que pueden alcanzar para universidades sólo docentes".

"Cuando son universidades con investigación, con doctorados, el mismo Gobierno anterior estructuró un aporte compensatorio para la investigación, entonces tenemos que ponderar eso y que no vamos a sacrificar la calidad", agregó.

Silva precisó que "sumando y restando son 1.500 millones de pesos (al año) que permiten seguir haciendo todas las cosas, pero retrasan proyectos futuros", y "eso uno lo puede sostener por dos a tres años".

"Muchos problemas asociados a la gratuidad"

En tanto, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, remarcó que la población que el plantel atiende "es muy vulnerable y la gratuidad para ellos viene a solucionarles un problema muy grande".

La autoridad universitaria destacó que "hay muchos problemas asociados al tema de la gratuidad: dura solamente el tiempo nominal de duración de las carreras, y la ley obliga a las instituciones de educación superior a asumir el costo que significa el atraso del estudiante".

"Eso va a traer un descalabro económico enorme en las instituciones. Para este año, la pérdida se proyecta en 700 millones de pesos", señaló el académico.

La ley también establece que los establecimientos de educación superior no acreditados tendrán que iniciar su proceso de acreditación a más tardar el 1 de enero de 2020.