Jefa de la Suprema brasileña y caso de Lula: "La justicia es impersonal"
Carmen Lucia Antunes pidió respetar los "tiempos" y etapas de los tribunales.
La declaración fue realizada luego de que ordenaran liberar al ex presidente Lula Da Silva.
La presidenta de la Suprema Corte de Brasil, Carmen Lucia Antunes, salió al paso tras la batalla judicial iniciada en Brasil por la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que la justicia es "impersonal y sus etapas deben ser respetadas".
Sin citar hechos concretos, Antunes resaltó que la democracia brasileña es "segura" y que los órganos judiciales de cada región deben "actuar para garantizar que la respuesta judicial sea ofrecida con "rapidez" y sin quebrar "la jerarquía".
La nota de Antunes fue divulgada después de la polémica decisión del juez federal de turno del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TFR-4), Rogerio Favreto, quien ordenó liberar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La confusa decisión
No obstante, la decisión de Favreto fue revocada por el magistrado João Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en segunda instancia y quien, en otro auto, ordenó a la Policía mantener a Lula en prisión.
A pesar de la decisión de Gebran Neto, uno de los tres jueces de la octava sala del TRF-4 que condenó este año a Lula en segunda instancia, Favreto insistió y ordenó de nuevo la excarcelación inmediata del líder del Partido de los Trabajadores.
Favreto citó la precandidatura de Lula a las elecciones presidenciales de octubre como un hecho "nuevo" que debe ser tomado en consideración, a pesar de que, según la ley electoral, se encuentra virtualmente inhabilitado debido a la condena en segunda instancia.
Las decisiones antagónicas han dejado a la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, atada de pies y manos.
Lula está preso desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba tras ser condenado en segunda instancia a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.