Odebrecht: Servicio electoral colombiano pidió al Congreso que investigue a Santos
El ente estableció que hubo dineros no declarados para financiar la campaña para el primero de los dos gobiernos del ex mandatario.
El escándalo de corrupción de la constructora tiene en la cárcel al gerente de la campaña para la reelección en 2014.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al ex presidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación que recibió de la brasileña Odebrecht para su campaña en 2010, informaron este jueves medios locales.
La decisión se tomó después de que el Consejo decretara la caducidad del proceso porque, según la emisora Blu Radio, ya perdió competencia frente al caso.
De igual forma, ese medio señala que el CNE estableció que sí hubo dineros no declarados para financiar la campaña para el primero de los dos gobiernos de Santos.
Además de Odebrecht, la sociedad Interbolsa habría aportado dineros para la primera aspiración presidencial de Santos, detalló RCN Radio.
Por otra parte, el Consejo también compulsó copias a la Fiscalía colombiana para que investigue al gerente, auditor y tesorero de la campaña por los mismos hechos.
El pasado 2 de agosto el CNE decidió con una votación de seis a dos archivar también por caducidad la investigación a la campaña presidencial de 2014 de Santos por la supuesta financiación de Odebrecht.
El escándalo de corrupción de la constructora tiene en la cárcel a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos para la reelección en 2014, porque, según la Fiscalía colombiana, "solicitó cerca de 450.000 dólares" a la empresa.
Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de EE.UU.