Filiales Odebrecht denuncian que Gobierno Perú les impide pagar a acreedores

Las empresas Consesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos, filiales de la brasileña Odebrecht y gestoras del proyecto de irrigación de Olmos, en Perú, denunciaron este lunes que el Ministerio de Justicia no les permite pagar a proveedores y acreedores, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Las dos compañías explicaron en un comunicado que el Ministerio de Justicia les ha denegado todas las solicitudes de pago que le presentaron desde que en marzo entró en vigencia la Ley 30737, cuya función es asegurar el pago inmediato de la reparación civil de la constructora brasileña por los sobornos pagados en años anteriores.

CTO y H2Olmos afirmaron que las solicitudes cursadas al Ministerio cumplen "integralmente" los requisitos establecidos en el reglamento de la ley.

Las mismas empresas recordaron que esta paralización en sus pagos no ocurría antes de la entrada en vigor de la Ley 30737, pues el mismo Ministerio de Justicia aprobó 28 pagos bajo la vigencia del decreto de urgencia 003, que fue sustituido por la norma actual.

El decreto de urgencia 003 fue instaurado por el Gobierno peruano en 2017 para afrontar el escándalo de corrupción de Odebrecht con la intervención de cuentas, la prohibición de trabajar para el Estado y la supervisión de sus ventas de bienes a las empresas que hubiesen confesado delitos de corrupción.

La Consesionaria Trasvase Olmos tiene tres pagos atrasados al banco HSBC en Estados Unidos, vinculados a un préstamos del CAF, cuya aprobación todavía no llega por parte del Ministerio de Justicia, quien todavía tiene 10 días para pronunciarse, tras haber recibido la solicitud en mayo.

Entre los acreedores perjudicados por los pagos denegados está el ingeniero independiente del Proyecto Olmos, quien es parte de los contratos de financiación con el CAF, además de consultores extranjeros especializados en seguridad de presas y monitoreo geológico.

Las dos empresas lamentaron que el Ministerio de Justicia tampoco les permite comprar los repuestos e instrumentos especializados necesarios para mantener las instalaciones del proyecto, que incluye una presa, un túnel de veinte kilómetros y un sistema de irrigación.

"Si bien las concesionarias han cumplido con presentar todos los requisitos de la mencionada ley, el Ministerio de Justicia no viene cumpliendo los plazos establecidos y con esto impide realizar pagos a proveedores afectando la cadena de pagos y la operación", señalaron las filiales de Odebrecht.

"No se puede cumplir con obligaciones financieras, pagar las deudas vencidas con proveedores extranjeros,contratar nuevos servicios especializados, ni importar repuestos y equipamiento, lo que afecta el desarrollo del proyecto", agregaron.

Odebrecht está investigada en Perú por haber pagado sobornos entre 2005 y 2014 a cambio de adjudicarse millonarios contratos en obras públicas y también por haber financiado irregularmente las campañas electorales de la mayoría de los candidatos a la Presidencia de Perú en ese tiempo.