Mesa de la Cámara Baja desestimó pronunciarse sobre impugnación de la UDI a Hertz

Un informe de la Secretaría de la Cámara de Diputados recomentó a la mesa de la corporación que no se pronuncie sobre la impugnación de la UDI a la diputada Carmen Hertz (PC) como firmante de la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema.

Desde la banda gremialista pedían que esto fuera resuelto por la mesa de la corporación y en el documento, firmado por el secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, se indicó que sólo el acusado puede impugnar la acusación por incumplir los requisitos que la Constitución exige.

Mientras que en otro párrafo del texto se señala que la mesa de la Cámara carece de facultades para declarar la nulidad de la acusación deducida contra los tres ministros de la Corte Suprema.

Además, se señaló que un órgano de naturaleza política, como la mesa de la Cámara, no debe contar atribuciones que eventualmente puedan vulnerar los derechos que la Constitución le confiere a los diputados.

Y se añade que en el conocimiento de la eventual infracción a lo dispuesto en el artículo 346 de reglamento -como acusan en la UDI- es de competencia de la Comisión de Ética.

En conclusión, se añade, existe el convencimiento de que tal asunto de ser parte de la denominada cuestión previa, es decir, si la defensa de los jueces hacen suyo el argumento de la UDI de que no debería estar la firma de la diputada comunista, ello debe ser resuelto por el pleno de la Cámara.

La acusación constitucional, de la cual Hertz es vocera, fue firmada por 10 parlamentarios en contra de tres jueces -Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama- por "notable abandono de deberes" al entregar libertades condicionales a varios condenados por delitos de lesa humanidad.

El llamado a la prudencia del ministro de Justicia

Mientras que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, hizo un llamado a la prudencia a la Cámara de Diputados.

"Es muy delicado que por ejercer una función fiscalizadora se invada el área privativa y exclusiva de otro Poder Público, porque eso produce una distorsión en el Estado de derecho que no es sana porque genera conflictos institucionales", aseveró.