Gobierno enviará esta semana el proyecto que permite expulsión de alumnos que realicen actos violentos
La iniciativa busca que los alumnos puedan ser removidos inmediatamente de los salones de clases con posterior apelación.
"Estamos hablando de hechos de extrema gravedad", resaltó la titular del Mineduc, Marcela Cubillos.
El Instituto Nacional, el liceo Barros Borgoño y el liceo de Aplicación han sido escenario de hechos violentos protagonizados por encapuchados.
El Gobierno fijó para esta semana el envío al Congreso del proyecto de ley que permitirá a los directivos de establecimientos expulsar de manera inmediata a los alumnos que cometan actos violentos.
Esto a raíz de diversos incidentes que han tenido lugar en las últimas semanas en el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el Barros Borgoño, cuando encapuchados, que se presumen estudiantes, enfrentaron a Carabineros e intimidaron a miembros de la comunidad escolar.
"Estamos hablando de hechos de extrema gravedad. Para nosotros como Ministerio de Educación lo primero es la seguridad de la comunidad educativa", dijo la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
La ministra remarcó que "no puede seguir pasando es que profesores amenazados tengan que pasarse un mes con ese mismo alumno, que deja el overol blanco para entrar a la sala de clase y lo tiene ahí sentado dentro de la sala de clases durante (los) 30 días que puede durar el proceso de expulsión".
"Lo que está ocurriendo es que los manuales de convivencia han ido quedando superados para hechos de esta naturaleza. No son problemas de conducta, no son faltas de respeto, (son) porte de armas, lanzamiento de bombas", afirmó Cubillos.
Por su parte, el rector del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, llamó a las policías a investigar quiénes entregan financiamiento para llevar a cabo estas manifestaciones.
"Alguien abastece de overoles, que no son baratos, de bencina, entonces necesitamos de una vez por todas que la inteligencia se ponga de acuerdo y busque a los cabecillas de este tema", sostuvo la autoridad académica.
Garrido indicó además la preocupación que existe por la salud de la comunidad educativa, tanto a nivel físico como mental, pues deben enfrentar la incertidumbre de lo que se encontrarán al llegar al establecimiento además de tener que lidiar con los gases de Carabineros.
"Utilizan al resto del estudiantado"
Para la presidenta del centro de padres y apoderados del Liceo Barros Borgoño, Yasna Salvatierra, la solución a estos hechos no pasa por una ley de este tipo, sino que por superar la indolencia de las autoridades frente a las inquietudes de los estudiantes no violentos.
"Queremos evidenciar claramente que aquí hay una problemática de parte del sostenedor y del alcalde, quienes (no) tienen voluntad de solucionar este tipo de problemas. Es por eso que un grupo de manifestantes se aprovechan de todo eso y utilizan al resto del estudiantado", explicó la representante de los apoderados.
"No hay un criterio como para poder resolver las problemáticas dentro del estudiante psicológicas, los cambios de actitudes, y está la presión que tienen los establecimientos educacionales. En el Barrio Borgoño hemos tenido dos suicidios", añadió Salvatierra.