Ver más de la Región del Maule

Al CORE Maule le faltaron 1.500 millones para cubrir necesidades de seguridad ciudadana

Publicado:
- Periodista Digital:
Jaime Morales Amaya

El Consejo Regional disponía de 550 millones en fondos concursables para este ítem, pero las postulaciones equivalían a 2.200 millones.

"Vamos a tener que dar explicaciones a la gente", admiten los miembros de la instancia.

 Jaime Morales Amaya

Más de 170 organizaciones sociales del Maule fueron excluidas por la reducción del presupuesto desde el Ministerio del Interior.

"Vamos a tener que dar explicaciones"; "las bases del próximo año deben ser modificadas", "no podemos jugar con las expectativas de la gente", fueron algunas de las autocríticas de los consejeros regionales del Maule por la falta de satisfacción de las necesidades sociales en materia de seguridad ciudadana.

Ello debido a que las postulaciones de 300 organizaciones de la Región al 6 por ciento de Seguridad Ciudadana del Fondo de Desarrollo Regional requerían 2.000 millones de pesos para un presupuesto de sólo 550 millones disponibles.

"Vamos a tener que dar explicaciones a la gente. Acá el Ministerio del Interior redujo el presupuesto y los perjudicados son las comunidades, que lo están pasando mal... En seguridad ciudadana el Gobierno en el Maule quedó al debe", dijo el consejero regional (DC) Rodrigo Sepúlveda.

"Los recursos no alcanzaron"

Juan Valdebenito (RN) opinó que "no se puede jugar con las expectativas de la gente; los recursos no alcanzaron y eso nos obliga a dejar las bases claras para el próximo concurso. Hay un problema en las bases que debemos corregir".

César Múñoz (UDI) complementó que "existen empresas que hacen los proyectos de alarmas comunitarias que son por montos muy elevados, y como son fondos concursables, los admisibles no necesariamente son adjudicados, lo que genera ilusiones en la ciudadanía".

De las 300 organizaciones que postularon, 114 tuvieron aprobación de la comisión evaluadora. El Consejo Regional tuvo rencillas internas ante la supuesta "adjudicación política" de los recursos para seguridad ciudadana.