Presentan proyecto para combatir subarriendos abusivos de inmuebles
La iniciativa pretende fijar normas para evitar el hacinamiento en inmuebles subarrendados.
También busca reforzar las facultades fiscalizadoras de los municipios incluso con ayuda de Carabineros.
"Por ejemplo, en el barrio Yungay hay casas antiguas que se subdividen hasta el infinito", fustigan desde organizaciones sociales.
Tras cuatro meses de trabajo con organizaciones, un grupo de parlamentarios ingresó al Congreso un proyecto de ley para combatir la práctica del subarriendo abusivo y evitar el hacinamiento en inmuebles subarrendados.
La diputada por el Distrito 10 y presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández (PS), explicó que la iniciativa fue presentada por "todos los parlamentarios que representamos al distrito de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja".
"Era importante presentar un proyecto de ley y tener la posibilidad de fiscalizar", resaltó, porque -ejemplifica- "el alcalde de Santiago (Felipe Alessandri) nos contaba que no tienen las herramientas para entrar a los domicilios y poder fiscalizar lo que está ocurriendo, que cuando identificaban a los fiscalizadores municipales no les abrían la puerta y no había forma para saber qué estaba pasando adentro".
Agradeció, también, que "transversalmente trabajamos con las organizaciones en un espacio que nos facilitó la Radio Cooperativa, como buenos vecinos".
Reforzar fiscalizaciones
El texto plantea que para el arriendo o subarriendo, los inmuebles deben cumplir con todas las normativas de ley de urbanismo y con las disposiciones sanitarias.
Asimismo, contempla que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debe elaborar un reglamento sobre condiciones de habitabilidad y seguridad, y en caso de incumplimiento o arriendos abusivos, aplicar multas de hasta 100 UTM, alrededor de 4,8 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el barrio Yungay hay casas antiguas que se subdividen hasta el infinito, con 50 piezas de un metro por un metro, dos metros por dos metros, y eso genera condiciones indignas y abusivas de cobros, condiciones que pueden provocar situaciones lamentables como ya han ocurrido, con muertes de ciudadanos chilenos o migrantes", relató José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
El proyecto también busca reforzar la facultad fiscalizadora de los municipios, que incluso podrán solicitar ayuda de Carabineros para entrar a los inmuebles, y en caso de que haya oposición a las fiscalizaciones, se contemplan multas de hasta 100 UTM.