Comisión convocada por el Gobierno propone eliminar la cadena perpetua
Expertos en derecho elaboraron un anteproyecto que actualiza el Código Penal.
Éste pone como límite máximo 30 años de presidio.
"Las sanciones por delitos de cuello y corbata serán más severas", dijo su presidente, Jorge Bofill.
La iniciativa incorpora nuevos delitos y un nuevo sistema de penas.
Un anteproyecto para actualizar el Código Penal propone terminar con la cadena perpetua estableciendo en 30 años el límite máximo para que una persona esté en prisión.
La iniciativa, elaborada por una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Justicia, en lo fundamental modifica el catálogo de penas incluido en la actual normativa que data de 1874.
En el caso de la prisión, en el documento que se dio a conocer este jueves se establece en 20 años la pena máxima para alguien que cometa algún delito, aunque podría elevarse a 24 años de presidio si la sentencia considera agravantes y se podría llegar al máximo de 30 años si es que se suman varias condenas, consignó La Tercera.
Aunque esto implicaría una rebaja en los períodos de reclusión, según el Ministerio de Justicia la diferencia radicará en que las penas serán efectivas, estableciendo sanciones desde 1 año de presidio, considerando que en la actualidad las condenas de menos de cinco años de cárcel suelen resolverse con penas alternativas al encarcelamiento.
El anteproyecto, que fue enviado para su análisis a 36 facultades de Derecho de diversas universidades del país, también incorpora nuevos delitos y situaciones que actualmente no están legisladas como la eutanasia o el aborto libre previo a las 12 semanas de gestación, para los cuales se descartó sancionar la actuación del médico.
Entre los nuevos delitos se incluye la exhibición no consentida de registros de contenido sexual, que es definida como la divulgación de imágenes y sonidos de una interacción sexual con consentimiento, pero sin la expectativa de ser mostrada a terceros, para lo cual se propone una sanción de libertad restringida o reclusión.
Además, se establecen para la colusión económica penas de reclusión de uno a tres años y que la acción penal solo podrá ser iniciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
A su vez se contempla sancionar la contaminación ambiental con libertad restringida, reclusión o prisión de uno a tres años, mientras que quien participe de una asociación criminal terrorista arriesga de tres a siete años de cárcel y quien financie a estos grupos puede ser castigado con uno a cinco años de cárcel.
Jorge Bofill: Sanciones más severas a delitos de cuello y corbata
La comisión de expertos convocada por el Gobierno fue presidida por el abogado Jorge Bofill, quien recalcó la necesidad de una cirugía mayor al vetusto Código Penal.
"El código vigente data de 1874. Desde esa fecha, la ciencia penal ha evolucionado de manera sustantiva y nada de ello ha sido recogido en la legislación vigente. El anteproyecto busca poner al día la legislación chilena con los más altos estándares técnicos disponibles en la ciencia del derecho penal", dijo el abogado al citado matutino.
El jurista además sostuvo que los llamados delitos de cuello y corbata tendrán sanciones más rigurosas.
"Las sanciones asociadas a los delitos de cuello y corbata serán más severas, por dos razones. Primero, porque desde el punto de vista de qué se castiga, es mucho más amplio. En materia tributaria hay hartas normas, en materia de medioambiente hay normas relevantes, uno incluiría todo esto dentro de la actividad empresarial", comentó Bofill.
"Y lo segundo, es que con el sistema de penas, que prevé la imposición de penas efectivas, en ciertos casos te puedes encontrar con un delito de cuello y corbata que termine con una pena de más de un año, que supone cumplimiento efectivo", agregó.
La comisión además estuvo conformada por Juan Domingo Acosta, Antonio Bascuñán, Jaime Couso, Juan Pablo Cox, Héctor Hernández, Francisco Maldonado, Alex van Weezel y Javier Wielnmann.
El Gobierno aspira presentar el proyecto al Congreso a principios de 2019 luego de analizar este anteproyecto y después de recibir las observaciones de las diversas facultades de Derecho.