Policía fue condenado por torturar a un hombre con discapacidad
La víctima tiene amputada la pierna izquierda por la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
Al detenerlo, según la justicia, "le ocasionó dolor y sufrimiento físico graves, que están tipificados como tortura".
Los hechos ocurrieron dentro de dependencias policiales.
El agente de la Policía Nacional Civil de El Salvador Brayan Alexander Pineda Escobar fue condenado este viernes a seis años de cárcel por torturar a un discapacitado por la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992, dentro de un puesto policial, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el dictamen de acusación, la víctima, quien tiene amputada la pierna izquierda, fue detenido el 26 de agosto de 2017 cuando se desplazaba con un cuchillo corvo en la mano, sobre una calle que conduce hacia el cantón El Pozón, de la jurisdicción del municipio de California (sureste).
El testimonio brindado por la Fiscalía señala que "un vehículo policial donde se conducía Pineda Escobar, otro agente y tres soldados, le salieron al encuentro (a la víctima) y uno de los agentes le ordenó que les entregara el corvo".
Ante la oposición del hombre de entregar el arma blanca, "todos se bajaron del vehículo y utilizando la fuerza bruta, lo esposaron, lo cargaron y lo lanzaron a la parte de atrás del vehículo".
Al llegar al puesto policial, lo introdujeron y lo llevaron hasta un patio y le quitaron las esposas, y "luego lo obligaron a abrazar un poste de metal al que lo esposaron nuevamente, momento en el que Pineda Escobar, agarró la macana (bastón) que portaba y comenzó a pegarle unas 25 veces, en la pierna derecha".
La denuncia interpuesta por la víctima señala que, además, el policía "le propinó varios puñetazos en la parte trasera de la cabeza".
La representación fiscal demostró, según la fuente, con prueba pericial, documental y testimonial, que el policía "le ocasionó dolor y sufrimiento físico graves, que están tipificados como tortura".
El juez lo declaró culpable y lo condenó con la pena mínima de seis años con la que se castiga el delito de tortura, que está sancionado en el artículo 366-A del Código Penal, con un máximo de 12 años de prisión.