Detienen a ex funcionarios del gobierno de Rousseff por participar en red de soborno
Altos funcionarios de la gobernación de Minas Gerais, ejecutivos de JBS y el ex ministro de Agricultura están involucrados.
Las acciones de la policía son un desdoblamiento de Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del país.
El caso es una arista de Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del país.
Detienen al menos 15 personas, entre ellas altos funcionarios del gobierno de Minas Gerais y ejecutivos de JBS, acusados de participar en una red de sobornos en el ministerio de Agricultura durante el mandato de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff.
Entre los detenidos está el empresario Joesley Batista, uno de los dueños de JBS, quien ya había sido arrestado el año pasado por irregularidades en declaraciones que dio en el marco de un acuerdo de colaboración con la justicia.
También fue detenido el vicegobernador del estado de Minas Gerais, Antonio Andrade, del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) -formación que lidera Temer-, quien fue ministro de Agricultura durante el gobierno de Rousseff.
Las acciones realizadas por la Policía corresponden a un desdoblamiento de Lava Jato, la operación que desveló el mayor escándalo de corrupción del país.
Según las investigaciones, en el ministerio de Agricultura, la red se encargaba de recaudar sobornos de la JBS para beneficiar a políticos del MDB a cambio de beneficios para las empresas del gigante cárnico.
El acuerdo de cooperación, que en principio ayudó a Batista para mantener la libertad, fue anulado por la Fiscalía General cuando se comprobó que en sus declaraciones había omitido información sobre diversos casos o simplemente había mentido.
Batista fue a la cárcel en septiembre de 2017 por esas omisiones, pero en marzo de este año la Justicia le permitió responder al proceso en libertad con medidas cautelares.
Con base en los testimonios de los ejecutivos de JBS, la Fiscalía realizó dos denuncias formales por presunta corrupción contra Temer, pero ambas fueron negadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe avalar el inicio de un juicio penal contra un jefe de Estado en pleno ejercicio del cargo.