Cronología: Cómo la muerte de Camilo Catrillanca terminó con la renuncia de Luis Mayol
El ex intendente avaló la versión de Carabineros, que aseguró en un primer momento que el incidente en que murió el comunero hubo un enfrentamiento.
El relato del joven de 15 años que acompañaba a Catrillanca fue clave para desmontar la tesis de la institución policial.
Camilo Catrillanca falleció el pasado miércoles baleado por Carabineros.
A una semana de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicui, el intendente de La Araucanía se vio obligado a renunciar tras avalar las versiones iniciales de Carabineros sobre este incidente, las que se derrumbaron poco a poco a la luz de los antecedentes que fueron conociéndose con el paso de los días.
Tras reportarse el baleo del joven comunero, el miércoles 14 de noviembre, la primera versión del hecho fue transmitida por el ahora ex intendente de La Araucanía, Luis Mayol, suscribiendo el relato policial respecto a que el operativo se inició en el robo de tres autos en Ercilla y que el fallecido "formaba parte" de los asaltantes, junto con señalar que Catrillanca tenía antecedentes penales.
Además, se sostenía que el joven murió al quedar en medio del intercambio de disparos entre los supuestos asaltantes y personal del Grupo Táctico de Carabineros -más conocido como "Comando Jungla"- y que se desconocía la procedencia de la fatal bala.
Familia desestima versión oficial
De inmediato la familia de la víctima desestimó la versión oficial y la abogada Karina Riquelme planteó que el comunero "venía de su trabajo en un tractor cuando se encontró con el Comando Jungla, quienes le dispararon sin mediar provocación alguna".
Tras esto resultará clave el testimonio del joven de 15 años que acompañaba a Catrillanca en el momento en que recibió el disparo en la cabeza.
Según el relato, que en primera instancia dio a conocer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los cuatro carabineros que llegaron al lugar hicieron varios tiros al aire y luego al propio tractor, uno de los cuales recibió en la cabeza.
Cabe consignar que el personal policial detuvo a este quinceañero por su supuesta participación en el robo de vehículos, no obstante el Tribunal de Collipulli declaró ilegal aquella detención el jueves 15 de noviembre.
El joven además denunció haber sido torturado durante su detención, razón por la que el INDH anunció una querella.
Carabineros aseguró que no había grabaciones
Los funcionarios involucrados en este operativo informaron el viernes 16 de noviembre que debido a la premura de los hechos no alcanzaron a utilizar las cámaras GoPro con las que graban los distintos procedimientos, no obstante el joven aseguró en su declaración que uno de los policías sí llevaba su cámara.
Más aún, el joven denunció el sábado 17 de noviembre que mientras permanecía detenido en la patrulla policial, el funcionario al que acusa como autor del fatal disparo cambio la memoria de la cámara que utilizaba.
Además, debido a las grabaciones que realizaron funcionarios policiales que llegaron al lugar poco después del baleo se constató que efectivamente uno de los carabineros si había instalado su cámara, por lo que la Fiscalía los llamó a declarar nuevamente ese mismo día sábad.
Destrucción de evidencia
Al día siguiente, domingo 18 de noviembre, el Gobierno confirmó que los funcionarios involucrados mintieron y que además destruyeron la memoria que contenía imágenes que captó una cámara institucional durante el operativo.
"Se ha podido comprobar que uno de los miembros de la patrulla del GOPE que llegó originalmente a los hechos donde se produce la muerte del joven Catrillanca, que inicialmente había señalado que no tenía ni contaba con una cámara de vigilancia, sí la tenía", dijo en la ocasión el ministro del Interior Andrés Chadwick.
"Esa cámara de vigilancia, que se negó en su momento, y más grave aún, que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia, la destruyó. Eso no lo vamos a tolerar", añadió el secretario de Estado tras descubrirse el engaño.
Esto derivó en la baja de los cuatro funcionarios involucrados y en las renuncias del jefe de orden y seguridad de la zona de La Araucanía, general Mauro Victtoriano, y el coronel prefecto de las Fuerzas Especiales de La Araucanía, Iván Contreras, por sus responsabilidades de mando.
En el ámbito político, desde la ocurrencia del suceso la oposición ha reclamado responsabilidades políticas: el martes 20 de noviembre anunció una interpelación al ministro Chadwick y una acusación constitucional contra Mayol, quien finalmente dejó su cargo acusando "mezquindad política" de parte de la oposición.