Fiscalía explicó cómo operaban los cónsules investigados por tráfico de migrantes
El persecutor Manuel Guerra subrayó que Gustavo Cantuarias y Frank Sinclair montaron una "asociación ilícita" para traer a estudiantes indios y nepalíes.
La Cancillería suspendió de sus funciones a ambos diplomáticos.
Gustavo Cantuarias y Frank Sinclair eran cónsules en Dublin y Córdoba, respectivamente.
La Fiscalía detalló cómo operaban la asociación ilícita de los cónsules Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias quienes son investigados por tráfico de migrantes y que serán formalizados el próximo 11 de enero.
Según detalló el fiscal Manuel Guerra, la investigación tiene a cinco personas en calidad de imputados, dos de ellos "funcionarios públicos de la Cancillería"
"Uno se desempeña como cónsul en la ciudad de Córdoba (Sinclair) y el otro como cónsul en Irlanda, en Dublin (Cantuarias). El delito se comete porque el año 2014 se constituye una entidad, una sociedad de nombre MCI", a nombre de Sinclair, explicó Guerra.
Esta organización tenía como propósito, "facilitar el intercambio y la venida de personas a Chile para los efectos de realizar determinados cursos, según dice el objeto, y se les facilitase luego trabajar en el país".
La organización, según el Ministerio Público, se certificó falsamente, "aprovechando la propia presencia de Sinclair al interior de la Cancillería", con un timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores y con una supuesta autorización del Ministerio de Educación.
"También se ha acreditado que hay universidades cuyo nombre se utilizó, las cuales tampoco habían dado su anuencia, simplemente porque no se puede", detalló el persecutor.
El fiscal Manuel Guerra asegura que de 2017 la cancillería ya estaba “en alerta” por los dos cónsules y negocios para traer estudiantes extranjeros. La situación de los estudiantes que siguen en Chile no es ilegal, lo irregular fue el cómo obtuvieron papeles previos @Cooperativa pic.twitter.com/r0LSHb6VOj
— Kassandra (@KassWidemann) December 17, 2018
En Chile, solo se vio involucrada la Universidad SEK que certificó a 78 estudiantes quienes dieron la primera alarma al reclamar que los cursos no eran de la calidad que se había comprometido. La situación de las cerca de 160 personas que permanecen en nuestro país, no están en calidad de ilegales ya que se les dio el permiso en Cancillería, lo irregular fue la certificación con la cual se consiguió.
"Sin lugar a dudas la Cancillería tuvo conocimiento en su momento. Estos hechos se sitúan desde el año 2014, esencialmente, hasta el 2017, es decir el 2014 se constituye la entidad, y el 2017 hubo una investigación en Cancillería", agregó.
La Cancillería tenía el ojo puesto en Sinclair, de hecho a principios de este año fue castigado con tres meses sin sueldo debido a esta investigación y en 2011 había sido sancionado por sacar réditos económicos cuando estaba en Bolivia, por constituir una empresa para la importación de elementos de oficina.
El rol de Cantuarias
Según detalló el fiscal Manuel Guerra, la organización pedía un pago de "entre 6.500 y 8.000 dólares por cada ciudadano extranjero, en su mayoría de la India y Nepal".
"En esa época, el señor Cantuarias que ahora es cónsul en Dublin, era el cónsul en la ciudad de Nueva Delhi y era concurrente en Nepal, por lo tanto, fue quien emitió ciertas certificaciones que permitieron obtener la visa a personas que claramente no cumplían con los requisitos y a la cual se engañó", explicó Guerra.
El persecutor detalló que el delito se ve "agravado" por el uso de la condición de empleados públicos de ambos funcionarios.
"La pena del delito de tráfico ilícito de migrantes es de 541 días a 5 años, reclusión menor en su grado medio a máximo, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos en el caso de los funcionarios públicos", aseguró el persecutor.
Este lunes la Cancillería informó que ambos cónsules fueron suspendidos de sus funciones.