Notarios acusan a "empresas tecnológicas" de hacer lobby en el Congreso
El gremio respondió al ministro Hernán Larraín, quien los señaló por hacer un "lobby feroz" para impedir el avance del proyecto.
"Eso está muy lejos de la verdad", dijo a Cooperativa el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martin.
La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales rechazó las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien denunció un "lobby" feroz del gremio en el Congreso para "obstaculizar" la reforma al sistema notarial que impulsa el Gobierno.
Larraín aseguró incluso haber "oído comidas, actuaciones e informes" entre notarios y parlamentarios, por lo que pidió "una discusión transparente" del proyecto, que aún no supera su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
En respuesta, el presidente de la asociación notarial, Alfredo Martin, replicó en Cooperativa que "estamos más o menos acostumbrados a que siempre se nos esté acusando de un feroz lobby para estar oponiéndonos a las reformas que se presentan al sistema notarial y registral".
Aquello, asegura, "está muy lejos de la verdad".
E incluso apuntó a otro gremio: "Que digan que es un feroz lobby, lo que pasa es que quienes han hecho un feroz lobby son las empresas tecnológicas, que pretenden cambiar por un software de firma electrónica avanzada la solemnidad de comparecer ante notario".
Diputado PS: Juicios del ministro son injustos y confusos
Desde el Congreso, el diputado PS Leonardo Soto consideró que es "injusto que el Gobierno intente culpar a los parlamentarios por la demora en el proyecto cuando ellos parecen no tener claras sus prioridades".
"Si el ministro quiere que nos dediquemos preferentemente a revisar y modificar el sistema de notarios, y dejemos de lado la creación del nuevo Sename, que lo diga", emplazó el integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Pero "no es así", precisó, "por eso me parecen confusos e injustos los juicios que hace el ministro de Justicia".
El proyecto (boletín 12092-07) fue ingresado por el Gobierno el 11 de septiembre de 2018 y, pese a tener suma urgencia -condición que el Ejecutivo le otorgó el 25 de ese mes y volvió a dar cuenta el 2 de enero-, permanece en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cumpliendo con su primer trámite constitucional.