CEMA Chile cerró sus puertas tras entregar último inmueble al Estado
La fundación traspasó 108 propiedades al Fisco e instituciones de beneficencia.
Resta que se apruebe la disolución de su personalidad jurídica para dejar de existir.
La fundación fue presidida hasta 2016 por Lucía Hiriart.
La fundación CEMA Chile, presidida hasta 2016 por Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, cerró definitivamente sus puertas esta semana, tras 65 años de existencia, luego de entregar su último bien inmueble al Estado.
Según informa hoy sábado El Mercurio, el último jueves, la corporación entregó al Ministerio de Bienes Nacionales las llaves y la documentación de su sede principal, ubicada en avenida Francisco Bilbao 1049, en la comuna de Providencia, propiedad que el pasado 2 de enero el Consejo de Defensa del Estado inscribió a nombre del Fisco.
Esta era el último de las 108 inmuebles, avaluados en 7.600 millones de pesos, que la fundación debía entregar en el marco del acuerdo judicial alcanzado en marzo de 2018.
De ellas, 84 son de origen fiscal, con un valor de 6.468 millones de pesos, y fueron traspasadas al Ministerio; mientras que las 24 restantes, de origen particular, avaluadas en 1.170 millones de pesos, fueron donadas a 18 instituciones de beneficencia y cuatro municipalidades -Villa Alemana, Parral, Santa Bárbara y Futrono-.
"Estas propiedades fueron dispuestas rápidamente, tal como nos pidió el Presidente Piñera para cumplir objetivos de carácter social para instituciones tanto del mundo público como del mundo privado que prestan esos servicios, y hoy día estamos contentos con ese proceso, más allá del juicio histórico que pueda existir respecto a Cema Chile, esas propiedades hoy día están de vuelta en manos del Estado y prestando fines sociales", expresó el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.
Cierran investigación por malversación de fondos
De acuerdo con el matutino, CEMA Chile cierra con cerca de 40 millones de pesos en sus cuentas corrientes, de los casi 1.300 millones que fueron incautados en 2016 por el ministro Guillermo de la Barra, quien entonces instó una investigación penal por eventual malversación de caudales y apropiación indebida.
Sin embargo, cerró la indagatoria hace una semana luego de que los peritajes constataron que los dineros percibidos por la venta de bienes raíces aparecen ingresados a la contabilidad de la fundación. El CDE tiene 15 días para apelar, mientras que el ministro debe decidir si dicta sobreseimiento parcial o definitivo en la causa.
Uno de los últimos trámites para que deje de existir la fundación, creada en noviembre de 1954, es la aprobación de la disolución de la personalidad jurídica que fue ingresada en los primeros días de enero en la Municipalidad de Providencia.