El Ayuntamiento de París reclama 12,5 millones de euros a plataforma Airbnb
La cifra equivale a más de 9.300 millones de pesos chilenos.
Se acusa a la plataforma de arriendo temporal por internet de "no respetar la ley francesa.
El Ayuntamiento de París reclama a Airbnb ante la Justicia 12,5 millones de euros (más de 9.300 millones de pesos chilenos), una suma récord contra la plataforma de alquiler temporal de apartamentos, por "no respetar la ley" francesa, informó este domingo el semanario Le Journal du Dimanche (JDD).
"No podemos aceptar que Airbnb y otros no respeten la ley. Nuestros agentes de control han contado un millar de anuncios ilegales, cada uno objeto de una multa de 12.500 euros", declaró en este medio la alcaldesa, Anne Hidalgo.
El consistorio presentó el viernes una citación ante el Tribunal de Gran Instancia de París con vistas a una audiencia el próximo 21 de mayo en el que supone hasta la fecha el montón récord demandado a la empresa.
Hidalgo explicó que el objetivo "es provocar un impacto para terminar con estos alquileres salvajes que desnaturalizan algunos barrios de París".
Si bien se dice favorable a que los parisinos puedan alquilar su apartamento unos días para ganar algo de dinero, consideró que "el problema son los propietarios de varios inmuebles que alquilan todo el año apartamentos a turistas sin declararlo" así como las "plataformas cómplices" que acogen dichos anuncios.
Esto, dijo, contribuye a crear una "economía de predadores".
El Ayuntamiento de la capital francesa se respalda en la última ley de vivienda del Gobierno, aprobada en diciembre de 2018 y conocida como ley Elan, que estipula sanciones contra las plataformas de internet que publiquen anuncios ilegales.
El texto plantea multas de hasta 50.000 euros si estas proponen el alquiler de casas que superan el umbral de 120 días al año, pero el juez puede también pedir una multa de 12.500 euros por cada anuncio que omita el número de registro, dato obligatorio que muestra que los propietarios han declarado el alquiler.
Hidalgo cree que el umbral de 120 días al año para una residencia principal es "demasiado alto" y apuesta porque se reduzca a 30.
Por su parte, Airbnb se defiende y considera que "ha cumplido su parte" al informar a sus clientes de las obligaciones ante la ley, para lo que les ha enviado más de "120.000 correos electrónicos".
Además, denuncian que la reglamentación parisina es "ineficaz, desproporcionada y contraria a la normativa europea" que entiende que la plataforma no puede "vigilar de forma continuada" la actividad de sus usuarios.