Contraloría venezolana audita a Guaidó por recibir dinero "sin justificación"

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EFE

El presidente "encargado" está acusado de ocultar información en su declaración de patrimonio.

Enfrenta 15 años de inhabilitación para cualquier cargo político.

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Guaidó se declaró "presidente encargado" el 23 de enero pasado.

La Contraloría venezolana anunció este lunes la apertura de una auditoría al jefe del Parlamento, Juan Guaidó -quien el 23 de enero se proclamó presidente encargado- por supuestamente recibir dinero de entes internacionales "sin justificación".

Asimismo, la auditoría a Guaidó se hará por supuestamente ocultar datos en su declaración jurada de patrimonio.

Considerando que Guaidó "presuntamente ocultó, falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y, segundo ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación" se ordena el inicio de una "auditoría patrimonial", dijo el contralor, Elvis Amoroso.

En declaraciones transmitidas por el canal del Estado VTV, Amoroso recordó las competencias que tiene la Contraloría en materia de administración pública, entre las que destacó que un servidor público que haya caído en algún tipo de irregularidad puede enfrentar una sanción de inhabilitación política de 15 años.

Guaidó anunció el pasado 23 de enero que asumía funciones como presidente encargado por considerar que el gobernante Nicolás Maduro usurpa la Presidencia y seis días después la Fiscalía venezolana pidió que le fuera prohibida su salida del país, el bloqueo de sus cuentas y enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.

A la solicitud de la Fiscalía dio luz verde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aunque hasta el momento no se ha dado la orden para su detención, el chavismo, en sus distintos voceros, como Diosdado Cabello, han señalado que debería ir preso.

Cabello, que además es presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombró la semana pasada una comisión del foro para consultar con la población el adelanto de las elecciones legislativas, que según mandato constitucional deben celebrarse en diciembre del año que viene.