Lo que dejó el primer día del histórico juicio en España contra los líderes independentistas de Cataluña

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La intensa discusión jurídica y la escasa amplitud de las protestas marcaron este martes el comienzo de un proceso que durará tres meses.

Los 12 acusados afrontan peticiones de pena de entre siete y 25 años de cárcel.

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Los intercambios entre los siete jueces y los nueve abogados, todos ellos enfundados en sus togas negras, fueron siempre escrupulosamente respetuosos.

La intensa discusión jurídica en la sala y la escasa amplitud de las protestas en Madrid y diversos puntos de Cataluña marcaron este martes el inicio del juicio contra los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo español.

España vivió ayer martes una jornada histórica con el comienzo de uno de los juicios más importantes de su democracia, un proceso que durará tres meses y que lleva semanas protagonizando el interés nacional y gran atención en la prensa extranjera.

Los debates de esta primera jornada estuvieron dominados por las cuestiones previas de las defensas y en ellas la discusión se mantuvo en términos muy civiles, con argumentos jurídicos, incluso si no faltaron reproches al supuesto carácter político del juicio.

Los intercambios entre los siete jueces y los nueve abogados, todos ellos enfundados en sus togas negras, fueron siempre escrupulosamente respetuosos incluso si uno de los letrados consideró que al menos cuatro de los magistrados tienen "falta de imparcialidad".

Otros argumentos se centraron en lo que las defensas consideran falta de respeto a algunos derechos fundamentales de sus clientes, con abundantes alusiones técnicas a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, cerró la sesión con todo sosegado pidiendo que los letrados que planeen presentar mociones lo hagan cuanto antes para su pronto estudio y agradeciendo a todos los asistentes su presencia.

Entre el público se permitían dos familiares por cada uno de los dos acusados y en esa zona también la jornada discurrió con normalidad, ya que no hubo expresiones ni gritos en ningún sentido.

Entre los acusados, solo uno -Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana- llevó el lazo amarillo que se ha convertido entre los nacionalistas catalanes en el símbolo de solidaridad con los acusados y que había sido permitido por el presidente del tribunal.

También lo llevó el actual presidente del Gobierno regional catalán, Quim Torra, quien acudió junto con dos miembros de su Ejecutivo y fue recibido de forma protocolaria por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Precisamente Torra protagonizó una de las imágenes del día: una fotografía de EFE -encargada de distribuir las fotografías de la jornada-, en la que se le ve saludando con la mano derecha a los procesados, girados sobre los bancos en que estaban sentados.

Muy simbólicamente, uno de los tres acusados que no se dan la vuelta para saludar a Torra es Oriol Junqueras, vicepresidente del anterior Gobierno catalán, y que simboliza las diferencias surgidas entre los partidos independentistas catalanes en el último año.

Y es que Junqueras, del partido izquierdista ERC, mantiene fuertes diferencias con el presidente regional que promovió el proceso secesionista de 2017, Carles Puigdemont, mentor político de Torra y quien huyó al extranjero muy poco después de declarar la independencia de Cataluña para esquivar la acción de la justicia, sin avisar a su segundo.

Escasas protestas en Madrid y Cataluña

Mientras el proceso transcurría por cauces jurídicos normales, en la capital española y diversos puntos de Cataluña fueron escasas las protestas, sin que se produjera incidentes.

Antes del inicio del juicio hubo junto al Tribunal Supremo una pequeña concentración a favor de los acusados, a los que consideró "presos políticos", mientras que muy cerca grupos de ultraderechistas o partidarios de la unidad de España se manifestaron en sentido contrario.

En Barcelona y otras partes de Cataluña hubo desde la mañana algunas protestas, con cortes de una autopista y calles, o concentraciones, incluyendo algunas de estudiantes o de funcionarios del gobierno regional, aunque todas ellas con poca asistencia.

Mientras los acusados afrontan peticiones de pena de entre siete y 25 años de cárcel, el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez se juega este miércoles su supervivencia con la votación de las enmiendas a los presupuestos para 2019.