Amnistía Internacional acusó al régimen de Maduro de ejecuciones extrajudiciales
La organización presentó un informe en el que responsabiliza al gobierno y las fuerzas policiales de una violación sistemática de los DD.HH. en el marco de las protestas.
La ONG señala que la fuerza pública ha manipulado escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes.
Pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tome medidas para hacer frente a la "impunidad total" que prevalece en el país.
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza en las protestas registradas en enero contra el gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos en su examen preliminar a Venezuela.
La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, presentó un adelanto de una investigación -que será ampliada en marzo- sobre las protestas ocurridas en Venezuela el mes pasado y en las que, asegura, también ocurrieron cientos de detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos.
"La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza", dijo Guevara.
Indicó que entre el 21 y el 25 de enero, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, "todas por herida de arma de fuego" y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria.
"Simulaban un enfrentamiento"
Además, Amnistía dijo que las autoridades "estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas".
En ese sentido, detalló que seis hombres jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente a manos de las FAES, quienes los presentaron "como muertos en enfrentamiento" con este grupo policial.
Según Amnistía, este cuerpo "manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes".
La organización cita el caso del joven de 29 años Luis Enrique Ramos Suárez, quien, dice, fue ejecutado el 24 de enero luego de que se hiciera viral un audio en el que se anunciaban protestas contra Maduro en Carora, estado de Lara (oeste).
En el material "se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores" y ese mismo día, "más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y encapuchados" allanaron su casa, sometieron a malos tratos a quienes se encontraban allí y luego se llevaron al joven que recibió "dos disparos en el pecho".
"Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento", dijo Amnistía.
Asimismo, la organización detalló que también registró dos muertos y un herido con arma de fuego por parte de autoridades mientras protestaban, y aseguraron que tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) "participaron en este tipo de operativos".
Señaló también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas y "las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de 'guarimberos' (manifestantes violentos) y 'terroristas', los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte".
Por lo anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la "impunidad total" que prevalece en el país petrolero y advirtió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
De momento, las autoridades de Venezuela no han reaccionado al informe de Amnistía.