Presidente de la Corte Suprema cuestionó potestad del Tribunal Constitucional

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Haroldo Brito indicó que 16 causas fueron suspendidas por inconstitucionalidad tras periodos "entre los 25 y los 657 días".

La autoridad del Poder Judical también detalló que más de la mitad de los casos ingresados a la Suprema tienen que ver con las Isapres.

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"También han tenido lugar otros sucesos que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo", explicó Brito.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, pidió revisar los límites de las potestades de ciertos organismos, entre ellos, del Tribunal Constitucional (TC), que ha paralizado recientemente varias causas de Derechos Humanos.

Durante la cuenta pública número 101 del máximo tribunal, indicó que "25 causas de DD.HH. se encontraban o fueron suspendidas con ocasión de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes eventualmente decisorias".

Brito añadió que "16 de estas causas fueron finalmente rechazadas" y que los períodos de suspensión se extendieron por "entre los 25 y los 657 días, paralizándose los procesos en promedio 238 días".

"También han tenido lugar otros sucesos que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo, lo que puede dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado", precisó.

El presidente del TC, Iván Aróstica, quien también estuvo presente en esta ceremonia, prefirió no hacer comentarios sobre esta propuesta.

Por otro lado, el presidente de la Suprema confirmó que de los 33 mil 400 ingresos del año anterior, 18 mil 900 están relacionados a reclamos contra las isapres por abusos o cambios de condiciones en planes o mayor costo de ellos, es decir, más de la mitad de las causas.

"Esta significativa cifra nos obliga a reiterar nuestra petición de que se otorgue una solución legislativa a este asunto", apremió Brito.

Fue por este planteamiento que el Presidente Sebastián Piñera, también presente en dicho acto, confirmó que "en los próximos días" se presentarán las reformas a la salud, tanto privada, dependiente de las isapres, y pública, administrada por Fonasa.

"No cabe la menor duda que la falta de una legislación fuerte y clara está traspasando el problema a los tribunales", reconoció.