Asociación de cirujanos deberá pagar 348 millones al fisco por colusión de precios

La Asociación Gremial de Cirujanos Médicos de Valparaíso (AGC) deberá pagar 348 millones de pesos al fisco, luego de que el Tribunal de Libre Competencia diera el visto bueno al acuerdo conciliatorio que sellaron con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la colusión de precios que fue investigado en 2018.

El caso se remonta a la década de los '80, cuando la asociación fijó colectivamente los precios de sus consultas y procedimientos médicos que se cobraba a los pacientes de la región a través de las isapres, según la denuncia de la FNE.

Con el acuerdo aprobado, la asociación de médicos están obligados a cesar la conducta acusada por la FNE y modificar sus actuaciones futuras en la negociación de convenios con isapres.

Asimismo, se les ordenó pagar 600 Unidad Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de 348 millones de pesos, a beneficio fiscal.

"Plena satisfacción" declaró la asociación gremial tras la aprobación del TDLC del acuerdo conciliatorio, remarcando que no hubo colusión ya que "la suscripción colectiva de convenios con las isapres tendría efectos pro-competitivos, dado que generaban una apertura del mercado, aumentando la oferta de servicios quirúrgicos y el bienestar de los pacientes".

"La AGC mantiene su convencimiento de haber actuado siempre de buena fe y con absoluto apego a la legalidad vigente", declaró la asociación en un comunicado.

Colegio Médico de Valparaíso: No hubo fijación de precios

Juan Eurolo, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, descartó que la FNE haya demostrado una colusión entre los cirujanos "para poder mejorar sus ingresos o lo que sea".

"Lo que se descubrió es nada más que acuerdos que estaban aceptados, reconocidos y firmados por las isapres que permitía que los médicos afiliados a la AGC tuvieran acceso a lo que ofrecía la isapre como arancel, pero ahí no hubo fijación de precios, porque esto fue reconocido por la contraparte, aceptado y firmado", explicó.

Eurolo hace alusión a un fragmento de la página 13 de la acusación de la FNE, que indica que "la asociación ha negado y ha convenido con cada isapre el valor nominal que sus asociados deben cobrar, valor que reajustan periódicamente".

"Si bien los convenios fueron suscritos con las isapres hace varios años, las partes requeridas se han encargado de darle continuidad a este acuerdo anti-competitivo de forma periódica. La asociación gremial no solamente ejerció un rol activo en solicitar el reajuste de los aranceles, sino que también controló y exigió a las isapres la aplicación de nuevos valores", confirma el escrito.

Sin embargo, se constató que Consalud se resistió a este acuerdo, por lo que la AGC terminó el convenio con esta isapre, obligando a los pacientes que cotizan allí a atenderse particularmente con los cirujanos que la integran.

"Es posible tener una pactación"

En esta línea, el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro aseguró hay que evitar que exista una colusión monópolica en áreas determinadas. 

"Es perfectamente posible tener una pactación de precios razonable para evitar el abuso de las isapres, pero hay que cautelar que no haya una lactación oligopólica que pretenda solos fijar aranceles entre quienes practiquen la cirugía en la Quinta Región, eso es lo que justamente busca la Fiscalía Nacional Económica", señaló el parlamentario. 

En tanto el diputado de RN Andrés Celis aseguró que esta condena "demuestra que las instituciones en nuestro país funcionan y que la fiscalía nacional económica, cumple su rol de fiscalizar las conductas colusivas".