Casi 10 mil personas han sido víctimas de artefactos explosivos en Colombia
La alta cifra, que contabiliza civiles y militares, es el reflejo de los ataques con minas antipersonales realizados por las ahora desmovilizadas FARC.
Así lo detalló un estudio de la ONG Mil Víctimas a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Un estudio reveló que 1.894 civiles resultaron heridas por las mina antipersona de las FARC, siendo 1.199 niños.
Al menos 9.662 personas, entre militares y civiles, fueron víctimas de las minas antipersonales (MAP) utilizadas como arma de guerra por la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC en los últimos 15 años del conflicto armado colombiano, según un informe divulgado este jueves.
El estudio "La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las FARC", fue entregado este jueves por la ONG Mil Víctimas a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El documento recoge que en los últimos 15 años, 7.413 militares fueron afectados por artefactos explosivos, según dijo el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, antes de la entrega del informe que coincide con el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersona.
Detalló que, de ese total, 1.611 militares murieron como consecuencia de la activación de explosivos y que otros 5.802 "han quedado con su cuerpo lacerado como consecuencia de las minas".
"El informe es el resultado de una rigurosa investigación interdisciplinar en la que participaron sociólogos, abogados, expertos en explosivos (...) quienes hicieron un análisis detallado de la elaboración, funcionamiento y afectaciones causadas por las minas antipersonal utilizadas por las FARC durante la confrontación armada", dijo Gina Valoyes, representante de la organización Mil Víctimas.
El estudio documenta que 355 civiles murieron como consecuencia de minas antipersona y otras 1.894 sufrieron heridas que incluyen pérdida de alguna parte de su cuerpo.
De ese total de heridos, 619 fueron mujeres y 1.199 niños, explicó Valoyes, quien recalcó que el informe pretende contribuir a la construcción de una paz estable y duradera.
¿Crímenes de lesa humanidad?
Valoyes explicó que la utilización de minas antipersona "puede configurar crímenes de lesa humanidad por lo reiterado y sistemático de su comportamiento y configuró en su momento una política" para atentar contra la población civil, militares y los activos estratégicos del Estado como la infraestructura eléctrica, petrolera, carreteras y puentes.
"La extinta organización (FARC) funcionó no de forma desarticulada sino que obedeció a instrucciones, conferencias, manuales, en donde efectivamente se instruía a su personal para saber cómo atacar, cómo afectar y como generaba más impacto", añadió.
En 2016, el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos firmó con las FARC un acuerdo de paz que culminó con la dejación de armas y la conversión de esa guerrilla en un partido político.
"El llamado es ahora para que estos hechos no vuelvan a repetirse. El aporte es a la construcción de la verdad frente a una situación que generó y sigue generando afectaciones", recalcó Valoyes.
Indicó que se puede concluir que "si bien es cierto que se han empleado métodos y medios de guerra prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario en contra de la población civil, en contra de la fuerza pública y los activos estratégicos es importante (..) que sea analizado con toda la pericia técnica y jurídica", aseguró.
Militares piden ser "reconocidos como víctimas"
Por su parte, el soldado Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió las piernas por la explosión de una mina antipersona en el departamento del Meta (centro), abogó para que los militares sean "reconocidos como víctimas".
Pidió que estos hechos no se repitan porque los afectados sufren secuelas tanto físicas como mentales y reiteró que no quiere que haya "impunidad".
A las disidencias de las FARC, que no aceptan el acuerdo de paz y que siguen sembrando minas antipersona, les pidió que paren "todo esto porque no lleva a nada bueno" y que "hay otros medios para lograr fines políticos".
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
Su principal función es administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.
Actualmente la JEP estudia siete casos que tienen que ver con el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado, los secuestros de las FARC, y los "falsos positivos", como se denominó al asesinato de civiles por parte de militares, entre otros.