Fiscalía pidió a Carabineros información sobre viajes de 130 generales
Buscan aclarar si existen irregularidades similares a las detectadas en el Ejército.
Se incluyen los ex generales directores Bruno Villalobos, Eduardo Gordon, Gustavo González y Hermes Soto.
La institución tiene un plazo de 20 días para responder a la solicitud.
En el marco de la investigación por el uso de los gastos reservados de Carabineros, Fiscalía solicitó detalles de viajes realizados por 130 generales de la institución, con el fin de aclarar si existen irregularidades similares a las detectadas en el Ejército.
Según publicó La Tercera, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Patricia Cerda, solicitó a la División de Carabineros "remitir los decretos exentos que destinan o autorizan las comisiones de servicio al extranjero de las personas que indican a continuación, quienes formaron parte del Alto Mando de Carabineros".
Entre los nombres incluidos en la indagatoria se encuentran los ex generales directores Bruno Villalobos, Eduardo Gordon, Gustavo González y Hermes Soto, además del ex jefe de Inteligencia Gonzalo Blu.
La investigación se originó tras la declaración del ex funcionario de Finanzas de Carabineros, coronel (r) Fernando Pérez Barría, quien relató que en "2008 y con motivo del ascenso a general director de Eduardo Gordon, el general subdirector Gustavo González, en conjunto con el director de Finanzas, Iván Whipple, ambos compañeros de promoción del general Gordon, decidieron darle como regalo sorpresa la concurrencia de su hijo, quien se encontraba estudiando en España; por tal motivo, compraron los pasajes de ida y de vuelta en la agencia que ocupaba normalmente Carabineros para estos efectos".
Además, declaró que Whipple intentó que se "pagara con cargo al presupuesto fiscal, como normalmente ocurría con el viaje de las cónyuges que acompañaban a los generales en comisiones de servicio", hecho que fue rechazado por el entonces jefe del Departamento de Pasajes y Fletes, teniente coronel Fernando Peña.
La indagatoria comprende un periodo de 10 años y la persecutora entregó un plazo de 20 días para responder.