Apoderados del Darío Salas denuncian que alumnos son acusados "sin pruebas fehacientes"

El Centro de Padres y Apoderados del liceo Darío Salas denunció una "criminalización" por parte de las autoridades contra los alumnos del establecimiento, luego de que varios de ellos fueran detenidos acusados de haber rociado bencina a una funcionaria.

Seis jóvenes, tres actuales estudiantes y tres ex alumnos mayores de edad, fueron arrestados ayer jueves tras la denuncia de una psicopedagoga, quien aseguró que fue atacada por encapuchados que la amenazaron con prenderle fuego, cuando intentaba impedir desmanes en el liceo en el marco de una protesta contra las expulsiones de estudiantes.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización, en la que el tribunal descartó que fueran imputados por el delito de homicidio frustrado solicitado por el Ministerio Público, pero aceptó las acusaciones por amenazas y Ley de Control de Armas: así, se fijó que todos quedaran en libertad, pero a cinco de ellos se les impuso la medida cautelar de firma mensual.

Ante esto, mediante un comunicado, los apoderados rechazaron la "criminalización a la que están siendo sometidos nuestros estudiantes, ya que se les acusa de haber cometido delitos sin pruebas fehacientes, vulnerando todos sus derechos".

Respecto a los incidentes en cuestión, afirmaron que se trató de "un grupo de personas no identificadas (...) que portaban elementos incendiarios, encapuchados y con overoles", que agredieron a "la psicopedagoga del liceo, una persona muy querida por la comunidad, atacando también a alumnos que salieron en su defensa".

Junto con condenar "todo hecho de violencia que afecte a nuestra comunidad", sostuvieron que "es de público conocimiento que existen grupos radicales que infiltran los liceos públicos en momentos críticos, por lo que no desechamos esa posibilidad, como tampoco descartamos que incluso estos pudiesen tratarse de un montaje de las fuerzas policiales".

En el texto, el Centro de Padres detalló también que han recibido 25 denuncias por procesos de expulsión de alumnos en 30 días por la ley de "Aula Segura".

"Esto ha causado gran conmoción entre los estudiantes, ya que los procesos no han contado con las garantías mínimas y han vulnerado derechos fundamentales, incluso de adolescentes migrantes, por parte de la dirección del liceo", sentenciaron los apoderados.