Aysén alista implementación de entrevistas videograbadas a niños víctimas de abuso
La ley comienza a operar en octubre en segis regiones del país, incluyendo las dos más australes.
La norma implica desafíos logísticos y de infraestructura, comentan las autoridades judiciales.
"Lo que pretende esta nueva ley es minimizar al máximo la victimización secundaria", explicó el fiscal regional, Carlos Palma.
El próximo 3 de octubre entrará en vigencia en la Región de Aysén la Ley 21.057, de entrevista videograbadas para niños, niñas y adolescentes, normativa que reforma el sistema de justicia penal para minimizar la exposición de una víctima de delitos sexuales que brinda una declaración en un proceso legal.
"Se está avanzando en la implementación de esta nueva ley, que implica un cambio de paradigma en la forma como se debe abordar a los niños víctimas de delitos sexuales", sostuvo el ministro José Ignacio Mora, presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
La implementación de esta nueva ley implica desafíos en materia logística, como la habilitación de salas especiales para poder desarrollar las entrevistas con los niños, niñas y adolescentes.
"Tenemos una implementación respecto a la infraestructura de nuestros tribunales, con una sala especializada para este efecto en cada uno de ellos, a excepción del juzgado mixto de Cochrane, en que, por razones de arquitectura, no se puede implementar una sala. Pero ahí existe una coordinación especial con el Ministerio Público para utilizar sus dependencias", explicó el ministro Mora.
"Victimización secundaria"
Los miembros de la Comisión Regional del Sistema de Justicia Penal se reunieron con el objetivo de afinar los detalles para la puesta en marcha.
"Bajo la lógica del antiguo sistema procesal penal y el actual, el niño enfrenta un proceso que, por naturaleza, victimizaba, porque se entrevista al menos en un par de oportunidades tanto desde el ámbito sexológico como psicológico", apuntó el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
En tanto, "en la parte cúlmine le tocaba enfrentar (al menor) un juicio ante un tribunal, o eventualmente ante dos, en el caso de nulidad, y lo que pretende esta nueva ley es minimizar al máximo esa victimización secundaria".
El 3 de octubre serán seis las regiones del país en que comenzará la vigencia de esta ley: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, el Maule, Aysén y Magallanes.
El plazo final es de 30 meses para la implementación en el resto del país.