Juzgado ordenó indemnizar a padres de joven que murió en procedimiento policial
El hecho ocurrió en junio del 2012, cuando Katherine Rojas recibió un impacto de bala en medio de un operativo de Carabineros en Calama.
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización total de 207.142.428 pesos a los padres de Katherine Rojas, la joven de 19 años que falleció en junio del 2012 tras recibir un impacto de bala por parte de un Carabinero, en medio de un procedimiento que se desarrollaba en Calama.
El Fisco deberá pagar a cada uno de los demandantes -padres de la víctima- 100 millones de pesos por daño moral y además un monto total por daño emergente de 7.142.428 pesos.
"Sentado en autos la existencia de una acción ilícita por parte del ex carabinero Miguel Díaz, quien actuó con culpa, con negligencia, imprudencia y falta de cuidado en dicho control, la relación de causalidad que debe existir entre el hecho ilícito y el resultado, aparece clara, pues si el funcionario referido hubiese empleado la debida diligencia y cuidado en el control policial, específicamente ante la fuga del vehículo controlado, los daños, lesiones y muerte de la víctima no se habrían producido; por lo que corresponde acoger", establece el fallo.
La resolución agrega que "(…) tal falta personal se encuentra vinculada al servicio pues se ha cometido en el ejercicio del mismo, y de este modo el Estado no puede desatenderse de la falta personal cometida por uno de sus agentes, pues fue el mismo Estado quien dispuso la intervención de dicho funcionario en el procedimiento policial".
Según lo establecido por el tribunal el ex Carabinero conducía un vehículo particular no policial mientras patrullaba con el resto de funcionarios involucrados, interceptó a otro para efectuar un control policial, y pese a desconocer si en el vehículo venían más pasajeros, procedió a disparar con su arma por el costado de la ventana del automóvil.
"(…) es decir, su actuar no se adecuó a las condiciones de seguridad que está obligado a adoptar en todo procedimiento policial, precisamente porque le ha sido otorgado un medio de fuerza (arma), que puede ser utilizado causando consecuencias gravísimas como la muerte de una persona", agrega el fallo.