SMA formuló cargos contra Metro de Santiago por vibraciones de la Línea 6

La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra Metro de Santiago por dos infracciones vinculadas a las vibraciones provocadas por el paso de la Línea 6, las cuales fueron denunciadas por los propios vecinos de varias comunas que son parte de su recorrido.

El organismo informó este lunes el inicio del proceso sancionatorio contra la empresa por los efectos de la Línea 6, que cuenta con tres Resoluciones de Calificación Ambiental y cuyo funcionamiento se inició en noviembre de 2017.

"Luego de recibir variadas denuncias de vecinos de las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago y Pedro Aguirre Cerda (...) la SMA efectuó fiscalizaciones en las casas de los vecinos afectados, recurriendo a una consultora especialista para medir las vibraciones", apuntó la Superintendencia en un comunicado.

La jefa metropolitana de la SMA, María Isabel Mallea, comentó que "este caso ha sido especialmente complejo para la Superintendencia, debido a que no existe una norma chilena que establezca metodologías, como sí existe para la norma de ruidos el Decreto Supremo 38/2011. En este caso, existen estándares internacionales que regulan las vibraciones y que quedaron en los compromisos de la RCA del proyecto".

En específico, el organismo formuló cargos contra Metro por una infracción leve ante el incumplimiento de realizar una medición de efectividad de la medida de mitigación -20 dB en desajuste a la norma ISO 7626-2:1990, por la que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la SMA, arriesga una multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos 588 millones de pesos.

"Esta Superintendencia determinó formular cargos en contra de la empresa (...) por haber realizado Metro mediciones que no cumplían la metodología o el procedimiento de esta norma de referencia, infracción que se califica como leve", explicó Mallea.

Asimismo, por una infracción grave relativa a la superación al límite establecido en la norma ISO 2631-2:1989 en 5 de las 7 ubicaciones monitoreadas por encargo de la SMA, lo que acarrea eventuales multas de hasta 5.000 UTA, casi tres mil millones de pesos.

"Por haber superado el límite establecido en la norma de referencia en cinco de las siete viviendas que fueron monitoreadas por una empresa especializada, por encargo de esta Superintendencia, infracción que se califica como grave", complementó la jefa de la oficina regional de la SMA.

Metro defiende sus medidas

Mediante un comunicado, Metro informó que tomó conocimiento de la notificación y responderá prontamente a la formulación de cargos, luego de que sus equipos técnicos revisen su contenido.

En el intertanto, la estatal aseguró que ha desarrollado un trabajo sostenido en materia de vibraciones, con mediciones periódicas y medidas de control en algunos sectores, aun cuando los resultados de sus mediciones han reportado el cumplimiento de la norma.

Nadia Arias, una de las vecinas afectadas que denunció los problemas, fustigó que "nosotros no hemos tenido ni siquiera una respuesta de Metro", y apuntó que "el trasfondo es que exista un cambio de normativa que le exija a Metro no aludir a normativas extranjeras, sino que se cree realmente una normativa en Chile que salvaguarde a los usuarios y a las personas que se ven afectadas por los trayectos de la Línea 6".

Otro vecino afectado de Pedro Agurre Cerda, identificado como Aléxis, manifestó que "ya no existe una confianza con Metro".

"En todas las reuniones nos han dicho 'encontramos el problema, estamos haciendo estas medidas', pero pasa un mes y vuelven las vibraciones. Después, en otra reunión, nos dicen 'miren, hemos detectado que existen otros problemas que no habíamos ubicado al principio", expuso el vecino.

"Metro, gracias a esta denuncia de la Superintendencia, tomó las acciones, concretamente no se ha solucionado las vibraciones, todavía existen, pero creo que en gran medida Metro ha tomado estas acciones 'urgido' por la Superintendencia", agregó.

De acuerdo con el procedimiento regular, Metro tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento con acciones para enmendar sus incumplimientos, o bien 15 días hábiles para formular sus descargos.